Las autoridades indígenas reclamaron este jueves más seguridad para la comarca Ngäbe Buglé tras la muerte allí de una mujer embarazada y sus 5 hijos de entre 1 y 11 años, además de una joven de 17, presuntamente a manos de una secta religiosa.
Estas siete personas, cuyos cadáveres con signos de tortura fueron hallados el miércoles en una fosa por las autoridades, fueron asesinadas dos días antes durante un rito en el Terrón, una apartada zona de la comarca, por miembros de la «secta La Nueva Luz de Dios», de acuerdo con la versión oficial.
Este jueves la Fiscalía anunció que serán imputada por esas muertes 9 supuestos miembros de la secta, todos vecinos de la aldea donde ocurrió la masacre y en la que las fuerzas especiales de la Policía Nacional rescataron el martes a otras 15 personas que estaban secuestradas y siendo sometidas a ritos exorcistas.
LA COORDINADORA INDÍGENA RECLAMA MÁS SEGURIDAD PARA LA COMARCA
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Conapip) reaccionó con dolor ante estos «graves hechos», exigió justicia y reclamó mayor seguridad para la población de la comarca.
El presidente de la Conapip, Marcelo Guerra, dijo a Efe que uno de los problemas de la comarca Ngäbe Buglé «es la poca rigurosidad que hay a la hora de velar por la seguridad del pueblo cuando llegan todo tipo de grupos religiosos y oenégs».
A estas agrupaciones «nadie las investiga», y de su llegada o conformación no está al tanto «la autoridad competente, en este caso el corregidor, el cacique o el gobernador», entre otros.
De esta secta, que se ha identificado oficialmente como La Nueva Luz de Dios «nadie (de las autoridades regionales) sabía, y eso que tenían un tiempo» en el sitio, alrededor de tres meses, según los lugareños, dijo Guerra.
Recordó que la ley que creó la comarca contempla requisitos y formalidades que debe cumplir un grupo religioso o de cualquier índole para instalarse en la región, que sin embargo no se aplican.
EL PRESIDENTE CORTIZO REACCIONA CON TRISTEZA
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, expresó su «tristeza total» por estas muertes, y comentó que conoce el lugar en el que se produjo la tragedia, al que describió como «un área inhóspita en medio de una montaña» y cercana a un río.
«Es triste, cuando tu comienzas a ver las edades (de las víctimas) entonces eso lo pone a uno a reflexionar: no puede ser que cosas de esas naturaleza pasen», añadió el jefe de Estado en declaraciones a los periodistas.
LOS IMPUTADOS Y LAS VÍCTIMAS
El Ministerio Público informó este jueves que 9 personas serán imputada como supuestos responsables de la muerte de las 7 personas presuntamente torturadas y sacrificadas en la comunidad de Terrón.
Rafael Baloyes, fiscal superior de la provincia de Bocas del Toro, señaló que en el lugar se recabaron suficientes elementos de convicción que vinculan a las personas aprehendidas por este caso, todas indígenas nacionales y que se conocían entre sí.
«Al parecer se trata de los miembros de una secta religiosa que se dedicaba a hacer ritos», indicó el fiscal, que agregó que en el lugar se ubicaron machetes y otras herramientas que se presumen eran utilizadas para cometer los actos criminales.
Baloyes dijo este mismo jueves que no hay evidencias de que exista otra fosa en el área, ni tampoco informes de que personas que se identifiquen como miembros de la supuesta secta «La Nueva Luz de Dios» estén en otros lugares de la comarca.
La Policía Nacional dijo por su parte en un comunicado que seis de las 7 víctimas mortales eran familiares de un agente de la institución, el cabo segundo Ananías González, a quien expresaron su solidaridad. EFE
