EDITORIAL|
Los actos humanos que causan daño a los demás se califican de malos y, a veces, de delictivos; algunos de ellos, dependiendo de condiciones y circunstancias, tienen la categoría de repudiables y despreciables ya que demuestran la carencia de valores morales básicos propios de la condición humana, lo que se denomina ruindad. Agredir físicamente a una persona es censurable y tiene categoría de delito, pero si se lo hace a una persona indefensa por su edad y condición merece especial rechazo ya que es ruin. La coexistencia social no se limita a cumplir normas legales; su calidad depende de comportamientos, sobre todo cuando se dan condiciones que afectan seriamente a la colectividad.
Frente a las enfermedades de las personas, se espera que los afectados tengan especial apoyo, no solo de empleados y organizaciones del estado que tienen esa finalidad, sino de todos los que, de una manera u otra, tengan alguna vinculación con los afectados. Para combatirlas hay medicinas y otros insumos médicos a los que deberían tener acceso libre todos los ciudadanos, y hacer negocios con ellos es cuestionable. La salud es un derecho y la socialización de la medicina que se practica en varios países es encomiable al igual que instituciones a las que acuden los más necesitados.
Cuando se dan problemas de salud especialmente serios, como la pandemia de estos días, la solidaridad global se manifiesta de manera espontánea, pero el aprovechamiento delictivo con fines personales aprovechando las condiciones es despreciable. La corrupción con los recursos del Estado es censurable, pero si se practica en situaciones como las que vivimos es inconcebible. Los sobreprecios y negociados de centros de salud que se han denunciado no tienen calificativo. Vale la pena recordar que contamos con una fiscalía seria y firme y que los “servidores” públicos que han cometido estos hechos, no tienen garantizada la impunidad ni protección como ocurría hasta hace poco.
