OPINIÓN|
Es el préstamo de dinero con intereses superiores a los establecidos por ley sancionado en el artículo 309 del Código Orgánico Integral Penal con pena privativa de libertad de 5 a 10 años. Se lo ve con frecuencia en el Azuay por la migración. Quienes desean migrar al no contar con una visa optan por la ayuda de coyoteros; y por la necesitad de recursos son obligados a obtener dinero a cambio de firmar letras de cambio, pagarés, facturas de ventas ficticias; y lo que es peor ceder sus bienes muebles e inmuebles a través de hipotecas.
Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, Servicio de Rentas Internas y Secretaria de Justicia y Derechos Humanos trabajan articuladamente contra este mal que pone en riesgo no solo las finanzas de nuestras familias, sino su integridad física, bienestar emocional y hasta su vida; porque a menudo son objeto de chantaje y extorsión por parte de los que se acostumbraron a enriquecerse con dinero mal habido.
La ciudadanía debe ser concientizada para que denuncie la usura, no se necesita de abogado. La investigación y judicialización hasta llegar a la sentencia, necesita pruebas en la pericia contable para determinar el interés del préstamo. Otras pruebas son los juicios civiles que impulsan los usureros para el cobro de dinero y bienes. Los jueces ordenan la reparación integral de la víctima y la indemnización al perjudicado. Mano dura contra la usura. (O)
Twitter: @monicabanegasc
