EDITORIAL|
Aumenta la exigencia de prácticamente la totalidad de gobiernos seccionales del país, es decir municipios y consejos provinciales, en procura de que el Ministerio de Finanzas entregue las asignaciones que adeuda a estas entidades, y que con motivo de la pandemia han sido dilatadas por la citada secretaría de Estado.
El Gobierno adeuda no solamente las asignaciones pendientes desde el inicio de la pandemia, sino también la devolución del IVA, frente a lo cual la administración central ofrece bonos, esto ha merecido el rechazo de numerosos gobiernos seccionales, en la medida en que estos papeles, en primer lugar serán muy difíciles de colocar en los mercados, y por otra parte si se lo hace, la reducción de su valor, sería considerable, con lo que municipios y consejos provinciales saldrían perdiendo ingentes cantidades de recursos.
El Gobierno nacional cifra sus esperanzas de cancelar, por lo menos, algunas obligaciones con los gobiernos seccionales, entre otras instituciones, en base a las negociaciones con los acreedores de los bonos de la deuda, y las negociaciones que se dan con el FMI y otros organismos multilaterales. Sin embargo, estas conversaciones podrían demorar varios meses, con la incertidumbre de que no se llegue eventualmente a un acuerdo satisfactorio, que permita liberar recursos destinados al pago de la deuda y obtener créditos frescos.
Mientras tanto, los organismos seccionales sencillamente no pueden esperar más, a riesgo de provocar un verdadero colapso en los servicios que brindan a los cantones y provincias, con los consiguientes efectos devastadores para el desenvolvimiento del país en general.
Por lo tanto, el Gobierno nacional tiene la obligación de hacer un esfuerzo, para, en lo posible, atender el verdadero clamor de municipios y consejos provinciales, muchos de los cuales amenazan con medidas de hecho que, de producirse, afectarían aún más la ya de por sí precaria situación del país.
