La organización no gubernamental Desafíos solicitó públicamente este miércoles el veto parcial de un artículo del recientemente aprobado Código Orgánico de Salud (COS) referente a la gestación subrogada, para evitar que pueda convertirse en un negocio y termine perjudicando a las mujeres más vulnerables.
Virginia Gómez de la Torre, representante de Desafíos, comentó en una rueda de prensa virtual que el movimiento de mujeres no está de acuerdo en la forma en que se ha plantado el asunto y reclaman un mayor debate.
«Realmente tenemos terror», dijo sobre la regulación de la gestación subrogada, porque «no impide la explotación».
El COS, que comenzó a analizarse en 2012, aglutina más de 40 leyes, decretos y reformas en temas de salud, y fue aprobado el pasado 25 de agosto por la Asamblea Nacional, después de un agrio debate sobre distintos aspectos de género, entre ellos el de la subrogación o «madres de alquiler», cambios de sexo y aborto.
Con más de 400 artículos, este compendio debe pasar hasta el 25 de septiembre la revisión del presidente Lenín Moreno, quien tiene la potestad de vetar ciertas de sus regulaciones.
TEMOR A NEGOCIOS TURBIOS
Los grupos feministas creen que la gestación subrogada «es un negocio que gira en torno a satisfacer los deseos reproductivos de personas o parejas con dinero, a costa de mujeres pobres que están dispuestas a arriesgar sus vidas por alguna mísera compensación».
«La gestación no alquila un vientre, alquila un cuerpo, alquila una vida, la arriesga. Si la mujer queda lesionada o gesta un feto que no está de acuerdo al gusto de quienes la contratan, tiene que hacerse cargo ella», sostienen.
Todos los derechos «están de parte del contratante y ninguno para la mujer«, advierten al apuntar que gestar para otros «no es ejercer el derecho a decidir. Tomar una decisión con base en la pobreza y la exclusión es un indicador de explotación de su capacidad reproductiva».
En el mismo encuentro virtual, el legislador Sebastián Palacios, del partido progresista liberal SUMA y defensor del Código, adujo que el COS regula que en el tema no haya prestación económica, mención que los movimientos feministas creen insuficiente pues «no elimina la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres pobres».
«Podríamos debatir cómo se puede redactar este artículo y mejorarlo a través del veto para asegurarnos de que no proliferen los vientres de alquiler en el país», anotó.
CODIGO «NO PROMUEVE EL ABORTO»
Los grupos feministas y un colectivo compuesto por líderes de comunidades cristianas evangélicas con una visión progresista de su fe, subrayaron que el COS no promueve el aborto, como temen ciertos sectores católicos y organizaciones que defienden la vida desde la concepción.
Palacios aseguró en ese sentido que le «aterra» que en temas relacionados a derechos humanos se haya levantado una polémica «sin sentido» al descontextualizar y malinterpretar algunos artículos del Código.
Porque «no legaliza el aborto» ni lo promueve, sino que garantiza «atención de emergencia a una mujer que llega a un hospital con un sangrado, con un aborto, que puede haber sido ocasionado o natural. Eso no debe importar al médico», afirmó.
Asimismo, defendió la legalización del cambio de sexo a partir de la pubertad en menores que hayan nacido con una indeterminación sexual, si bien «no promueve el cambio de sexo en niñas y niños».
Palacios, uno de los 79 legisladores que votó a favor del nuevo Código, defendió que «garantiza el derecho a una atención integral en salud y, para las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos».
LA FE Y LOS DERECHOS
Por sus avances regulatorios, la nueva ley ha levantado también la oposición de la Iglesia Católica en lo relacionado con el aborto obstétrico, y exige a Moreno que vete esa norma.
El Episcopado cree que promueve el aborto «de una manera ambigua o indeterminada«, pues «la verdadera emergencia obstétrica se da sólo cuando el aborto se encuentra en curso de manera involuntaria«, según un comunicado de finales de agosto.
Los obispos creen además que la normativa podría contradecir «el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, al obligarlos a intervenir en casos de emergencia obstétrica por cualquier causa».
Y vulneraría «el derecho de madres y padres de familia a educar a sus hijos, al aprobar el uso indiscriminado de anticonceptivos de los menores de edad sin su consentimiento», así como -según la Iglesia católica- «imponer visiones ideológicas de género contrarias a sus convicciones éticas y a la ciencia».
También cuestionan la gestación subrogada, el derecho a la identidad sexual, y otras regulaciones.
Sobre el debate, Palacios zanjó que el COS no se trata de un debate de fe, ideologías o posturas políticas, sino «de salud«. EFE
