Servicios regulados

EDITORIAL|

Durante la semana pasada la ciudad de Cuenca presenció la protesta de un grupo de motociclistas que trabajan entregando productos a domicilio. En lo fundamental los reclamos se dieron contra las multas y retención de motocicletas por parte de agentes de la EMOV. Los directivos de la Empresa Municipal de Movilidad, por su parte, expresaron que el mecanismo de protestar es legítimo pero que bajo ninguna circunstancia puede permitirse que se genere el caos en el tránsito vehicular. En efecto resulta claro que, una cosa es el derecho al trabajo y otra muy distinta que con ese pretexto se incumplan normas de tránsito y se ponga el riesgo la seguridad de la ciudadanía.

Aun cuando se insista en el tema, la pandemia trajo en todo el mundo cambios importantes en la vida diaria. El Ecuador no es y no puede ser una excepción. Una de las secuelas más duras es la gigantesca pérdida de fuentes de trabajo que en nuestro país suma cientos de miles. El golpe que significaron los hechos de octubre con el levantamiento indígena, generó ya millonarias pérdidas en la producción. Las empresas bajaron el ritmo y debieron despedir trabajadores. Sobre eso la pandemia resultó un golpe demoledor a la economía y al trabajo.

La gente que se quedó sin trabajo como consecuencia de los violentos hechos de octubre y de la pandemia, buscó y sigue buscando formas de sobrellevar esa tragedia y de sobrevivir a través de fuentes alternativas de trabajo. Una de ellas es la distribución y entrega de encomiendas. Es una forma lícita y plausible de trabajo. Sin embargo, existen frecuentes quejas por la inobservancia de muchos de estos motociclistas a las normas de tránsito. Si están agrupados es una buena oportunidad para llamar la atención a sus integrantes e insistirles en la necesidad imperiosa de que respeten las normas. De lo contrario, en vez del agradecimiento, encontrarán la oposición y las críticas de la ciudadanía.