Que en el Azuay estén registradas 29.749 personas con discapacidad, y que de ellas el 11,4 % sean menores de edad es preocupante.
Tal registro proviene de datos obtenidos por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en base a la información del Ministerio de Salud Pública. Y revela la profundidad de la problemática.
Mucho más porque de los niños de entre 0 y 3 años de edad con discapacidad, el 53 % la tiene de tipo física, el 25,58 % intelectual, el 13,95 % auditiva, el 5,81 % visual, y el 1,16 % psicosocial. Y eso que, como se ha advertido, hay un subregistro.
Pese a la frialdad con la que muchas veces se perciben las estadísticas, hace pensar que semejante problema de salud debe abordarse en su real dimensión. Posiblemente, comenzado por analizar las causas, a lo mejor genéticas y, por qué no, a la inoportuna atención médica durante el nacimiento.
Especialistas lo atribuyen a los malos estados nutricionales de las madres, a la contaminación ambiental, más que nada por consumo de alimentos industrializados en cuya elaboración se usan sustancias altamente químicas. También lo atribuyen a la violencia contra la mujer gestante.
Por razones hasta de tipo cultural y de incomprendida vergüenza, cuántos casos de discapacidad infantil habrá que pasen desapercibidos y que hasta son considerados como “una carga” para las familias. Esta es otra barrera a superar.
Y los especialistas lo precisan al confirmar que hay un subregistro de discapacidades en niños y adolescentes en el Azuay. Pero una referencia hace considerar que por lo menos un 36 % de menores de edad tiene un retraso en el desarrollo.
Por ventaja, las Universidades, la de Cuenca entre ellas, como parte de las especialidades médicas forman profesionales para tratar y atender dichos casos de salud, instalando centros bien equipados y otorgando atención multidisciplinaria.
Empero, las discapacidades en la niñez, y aún en los adultos, más allá de despertar solidaridad, que está bien, tienen que ser comprendidas por el entorno familiar; y por el Estado, consideradas y enfrentadas como un asunto de salud pública.
