Riesgo para elecciones

La falta de decisión en torno a la inscripción de una determinada candidatura para la Presidencia de la República, ha originado lo que varios expertos constitucionalistas califican como un desacato, cuando el Tribunal Contencioso Electoral hace casi dos meses, resolvió que debía inscribirse aquella postulación. Sin embargo, la presidenta y vocales del Consejo Nacional Electoral no han dado paso a esa resolución, poniendo así, en riesgo el cronograma de las elecciones a cumplirse el 7 de febrero del próximo año. Un hecho inédito desde la vuelta a la democracia.

 Por sobre cualquier consideración acerca de la candidatura en suspenso, de hecho, el CNE ha tenido una serie de actuaciones que no han estado acordes con la transparencia y el respeto a la Constitución, que debería primar en el organismo rector de los procesos electorales. Lo ocurrido corona una serie de vacíos, desaciertos y pugnas entre los integrantes de ese organismo, que, a criterio de varios analistas, no se encuentra a la altura de la trascendental responsabilidad de organizar, y sobre todo ofrecer confianza a la ciudadanía, acerca de la pureza y transparencia de todo el proceso eleccionario.

Sin duda, como telón de fondo a esta crisis, existen fuertes presiones para que se tome una u otra decisión en torno a la candidatura en conflicto. Sin embargo, es preciso que en cualquier lugar se respete la norma constitucional y la ley que regula los procesos eleccionarios. A más de ello, el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, resulta por fuerza de obligatorio cumplimiento, más allá de cualquier consideración de tipo coyuntural en torno a la candidatura en cuestión, ya que sin el acatamiento al orden jurídico, todo el andamiaje del proceso tan trabajosamente diseñado en medio de la pandemia, puede sufrir serios contratiempos, y sobre todo, perder credibilidad ante un electorado, que mira con estupefacción y recelo, las actuaciones del Consejo Nacional electoral, el cual debería de una vez por todas dejar de lado cualquier consideración ajena al proceso.