La investigación sobre los altos funcionarios del Gobierno peruano que recibieron en privado la vacuna contra la covid-19 del laboratorio chino Sinopharm, entre los que figura el expresidente Martín Vizcarra, estará concluida durante la próxima semana, anunció el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
«A partir de hoy la comisión investigará, determinará, cómo llegó ese lote, quién decidió que vaya aquí o a allá, a tantos ministerios», indicó Ugarte este lunes en la emisora RPP antes de señalar que en el Ministerio de Salud se tiene «una idea de quienes se han vacunado» y estos podrían ser «de 15 a 20» funcionarios.
En medio del escándalo y la indignación que ha causado esta revelación en el país, Ugarte confirmó que la comisión investigadora será presidida por el exministro de Salud Fernando Carbone (2002-2003).
Añadió que, además del personal de su despacho, también se ha invitado para que la conformen a representantes del Colegio Médico, del Colegio de Enfermeras y del Colegio de Químicos Farmacéuticos.
Ugarte sostuvo que la comisión realizará una investigación sumaria y deberá entregar su informe durante la próxima semana.
REITERA INDIGNACIÓN
Más allá de la investigación, el ministro dijo que comparte la «indignación» del presidente Francisco Sagasti y, por ese motivo, «quien haya participado en esta vacunación irregular queda afuera» de sus funciones, entre los que figuran los ahora exviceministros de Salud Luis Suárez y Víctor Bocangel, que renunciaron a sus cargos.
La ministra de Exteriores, Elizabeth Astete, también dimitió este domingo, luego de admitir que en enero recibió la primera dosis de la vacuna porque, según dijo, no podía darse «el lujo de caer enferma», aunque ahora considera que cometió un «grave error».
Este domingo, Ugarte afirmó que los exviceministros le dijeron que la vacunación era conocida por su antecesora en el despacho, Pilar Mazzetti, quien renunció al cargo el viernes pasado, después de que el Congreso la convocara un día antes para que informara sobre la vacunación a Vizcarra y su esposa.
3.200 DOSIS ADICIONALES
La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que estuvo a cargo de los ensayos clínicos de la vacuna en el país, informó que recibió un lote adicional de 3.200 dosis, además de las destinada a vacunar a los 12.000 voluntarios que participaron el año pasado en la investigación.
Este lote adicional se entregó para que fuese administrado al equipo de investigación y al personal relacionado al estudio que deseara recibir la vacuna, que aún no estaba aprobada en el país, por lo que «no se recolectarán datos con propósitos de análisis», indicó la universidad.
Agregó que «la decisión de a quienes se administraba esta vacuna fue tomada por el equipo de investigación», que dirigió el médico Germán Málaga, a quien el Congreso peruano citará para que informe por qué se destinó parte de las vacunas a personas fuera de la investigación.
La UPCH rechazó, además, que el lote extra sea denominado por los medios como «vacunas de cortesía, donaciones o prebendas» y aseguró que se pone «a disposición para colaborar con todas las investigaciones por parte de las autoridades competentes».
VIZCARRA Y FUNCIONARIOS
Este domingo se conoció que además de Vizcarra y su esposa, cuya vacunación se hizo pública el jueves pasado, otros altos funcionarios peruanos recibieron en secreto y «de cortesía» vacunas de Sinopharm, lo que ha abierto una nueva crisis política en el país.
Estas vacunaciones se produjeron entre septiembre y enero último e implicaron a funcionarios del gobierno de Vizcarra y del actual gabinete de Sagasti, que intervinieron y tuvieron poder de decisión en la adquisición del producto de Sinopharm, el laboratorio que ya ha entregado 1 millón de dosis al país, destinado a vacunar al personal de primera línea en el combate a la covid-19.
En ese sentido, tanto el Congreso como la Fiscalía han iniciado indagaciones preliminares, en principio contra Vizcarra, mientras que juristas difieren al opinar sobre el caso, ya que unos consideran que los implicados solo han cometido una falta ética, mientras que otros hablan de delitos de corrupción, por los que podrían recibir hasta 8 años de prisión.
Este domingo, tras conocer que no solo su antecesor se había vacunado, Sagasti declaró que está «indignado y furioso por esta situación que pone en peligro todo el esfuerzo de los peruanos que trabajan en primera línea» de lucha contra la pandemia. EFE
