Los datos son claros. Dieciséis candidatos presidenciales. Cuatro de ellos obtuvieron casi el noventa por ciento de los votos. Los cinco siguientes tienen entre el uno y dos por ciento de los sufragios. Y, los siete últimos no llegaron ni siquiera al uno por ciento.
Dos candidatos presidenciales utilizaron para postularse, partidos cuyos creadores y dirigentes están, unos presos y, otros fugados del país, por corrupción. El uno es propiedad del esposo de la secretaria del ex presidente Correa, la que estaba encargada de llevar la notabilidad de las coimas que recibían a cambio de entregar contratos. El otro es de Ramiro González, ex Izquierda Democrática y hoy fugado del país. Varios son las partidos y movimientos locales que son casi totalmente desconocidos fuera del cantón o la provincia a la que pertenecen.
Se trata en algunos casos de movimientos políticos de alquiler que se subastan al mejor postor. Reciben abundantes fondos públicos para la campaña presidencial. Dinero que debería utilizarse en salud o educación, pero que va a parar a los bolsillos de estos traficantes de la política.
¿Cómo surgió esa ley que sirve para aplicar la vieja receta de Julio César quien hace más de dos mil años recomendaba en Roma que hay que dividir al enemigo para vencerlo? Nació con la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, en el auge del correísmo en el año 2009 y que sigue vigente con algunas reformas.
La intención-que logró lo que buscaba- era producir la división de las tendencias políticas básicas, en numerosos grupos, de manera que gane el partido único del correísmo, vieja aspiración del populismo totalitario. Esta Ley y este sistema no pueden mantenerse. La próxima Asamblea debe crear una nueva que impida la fragmentación y la compra venta de partidos. (O)
