«Sobre los últimos acontecimientos en los que se ha pretendido involucrar a mi hijo en actos de corrupción, debo recordar a la ciudadanía que, constitucionalmente, todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia», manifestó el regidor en un comunicado.
La semana pasada al menos dos medios de comunicación dieron cuenta de conversaciones que supuestamente investiga la Fiscalía General de chats hallados en varios teléfonos incautados en un allanamiento a Jorge Yunda, en el marco de pesquisas sobre la presunta compra irregular de pruebas de covid-19.
Según esos medios y con base a supuestas filtraciones del contenido de las conversaciones por aplicaciones de mensajería móvil, Sebastián Yunda habría mantenido conversaciones con personas identificadas como funcionarios municipales sobre diversas actividades que podrían evidenciar algún acto delictivo relacionado con el cargo de su padre.
Al respecto, el alcalde de Quito defendió haber tomado «decisiones firmes, con aquellos funcionarios que desobedecieron mi instrucción de que ningún familiar mío pueda hablar a mi nombre, ni contestar llamadas o mensajes», y aseguró haber dispuesto la separación de forma inmediata de tres cargos, «sin que signifique que se haya comprobado alguna irregularidad».
El alcalde de la capital ecuatoriana aludió a que el sistema judicial que investiga la actuación del Municipio podría responder a una persecución política.
«Aquellos que no sabemos de odios y pasiones políticas, conocemos que en un sistema de investigación real donde no prima la persecución política, este tipo de situaciones jamás habrían ocurrido», arguyó.
Censuró asimismo la «mal intencionada» filtración, «casualmente, a medios opositores», que calificó como «un acto de mala fe y persecución política y mediática», además de poder llegar a constituir un delito.
El pasado 11 de marzo la Fiscalía allanó la vivienda del alcalde, donde se incautó de una computadora, varios celulares, así como el servidor de circuito cerrado de vídeo-vigilancia de su domicilio.
El órgano fiscal confirmó que los chats están dentro del proceso abierto por el presunto delito peculado contra el regidor y otras catorce personas vinculadas con el Ayuntamiento por la adquisición de 100.000 pruebas covid-19 el año pasado.
El alcalde se encuentra imputado y está bajo medidas cautelares como presunto autor mediato de ese delito, junto a otros seis funcionarios y excargos públicos como presuntos coautores. EFE
