Un nuevo período legislativo

Andrés Martínez Moscoso @andresmartmos

Durante una década (1998-2008), la forma de elección de las autoridades del Legislativo en el Ecuador, eran bastante claras, pues la Constitución vigente en dicho período, en su art. 129, señalaba que tanto presidente y las vicepresidencias, se elegían de entre los diputados pertenecientes al partido o movimiento que hubiesen tenido la mayor representación legislativa.

Sin embargo, la mayoría constituyente (2007-2008), cambió la modalidad de elección de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, y dejaron abierta la posibilidad que cualquier asambleísta pueda ser candidato y en consecuencia ser elegido.

En este sentido, la norma de 2008 pocas veces causó revuelo, sin embargo, con la actual composición de la Asamblea Nacional (2021-2025), dada su fragmentación y sin bancadas legislativas fuertes que puedan nombrar a las autoridades, fue necesaria la construcción de acuerdos legislativos que pueden ser valorados de distintas maneras.

Una primera lectura, sin duda nos lleva a la crítica, con relación a ¿Cómo los partidos y movimientos políticos de distintas tendencias ideológicas pueden llegar a unirse?, y a la respuesta inmediata podría ser que en política todo es posible, o calificar de incoherentes a los nuevos legisladores.

Por su parte, una segunda lectura, podría basarse en la madurez democrática, en el acuerdo, y en la construcción a partir de las diversidades ideológicas. Esta posición, indica que es más importante la gobernabilidad del próximo gobierno, que los principios, los slogans de campaña, o promesas que fueron hechas a los electores, en las cuales, los movimientos y partidos políticos, eran casi agua y aceite.

Y, la última interpretación, que podría ser la más exacta, sugiere que, dada la composición fragmentada de la nueva legislatura, es obvio que este tipo de pactos o acuerdos deban surgir con el propósito de tomar decisiones de las cuales depende una mayoría absoluta, en consecuencia, deberíamos acostumbrarnos a que dependiendo de lo que se quiera aprobar, se construirán alianzas para ello.

Las nuevas autoridades electas que dirigirán a la Asamblea Nacional por los próximos dos años, deberán no solo cumplir lo dispuesto en la Constitución y la Ley, sino que deben convertirse en verdaderos interlocutores de las necesidades ciudadanas para que estas puedan ser tenidas en cuenta a través de normativa, así como activar la fiscalización y el poder político de manera objetiva, y no a través de pactos de última hora.

Solo así, el Legislativo podrá recuperar la credibilidad e identificarse con las causas populares. (O)