Ciertas instituciones públicas y privadas han iniciado el proceso del trabajo presencial de forma obligatoria; los empleados son conminados a asistir a las oficinas sin ningún tipo de garantía de bioseguridad, es decir, sus derechos constitucionales son vulnerados en cuanto a la salud y al bienestar de la colectividad ciudadana. Sin vacunas y en condiciones de total indefensión los trabajadores acuden, en muchos casos, a oficinas mal ventiladas y carentes del mínimo de condiciones para proteger su vida. Al desequilibrio que existe entre aquellos que manejan el poder, sus condiciones burocráticas municipales y espesas, se suma al desinterés por la clase trabajadora que los sostiene, prima el deseo de activar la economía y se pasa por alto la campaña de vacunación masiva y la presencia artera y permanente de la COVID-19. En su desesperación por obtener ganancias o sostener una imagen los empleadores arriesgan la vida de aquellos que, por no perder su empleo, no tienen otro recurso que comenzar a marcar tarjeta ¡La bolsa o la vida! dice el capitalismo y el subalterno agacha la cabeza y no atina a protestar, ni siquiera a exigir un horario mínimo o alternativas de emergencia. Al fin y al cabo, la necesidad de llevar el sustento a su hogar lo ciega ante la explotación y el peligro. Nos preguntamos ¿dónde están los sindicatos o los diversos colectivos que únicamente se pronuncian en época de elecciones? (O)
