El IVA y los GAD

Termina el calvario de prefectos, alcaldes y rectores de las universidades para reclamar al Estado central sus dineros pagados por concepto del IVA cuando adquirían bienes y servicios a diversos proveedores.

Ese IVA era retenido por el Servicio de Rentas Internas y luego devuelto por el Ministerio de Finanzas. Pero es aquí donde surgía el problema.

La devolución, a veces duraba años. Los constantes reclamos, incluso con amenazas de paro, no tenían mayor eco en el centralismo enquistado en la capital. Los tan publicitados convenios de pago no se cumplían ni siquiera a medias.

La Corte Constitucional dejó insubsistente el veto que al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno hizo el entonces presidente Lenín Moreno, bajo el argumento de que cualquier cambio en los elementos esenciales del IVA requería iniciativa del Ejecutivo.

En consecuencia, ya no va más, que el IVA pagado por Municipios, Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales y Universidades sea retenido por el fisco y luego devuelto a cuentagotas tras largas peregrinaciones. Ya no va más eso de “pague, luego reclame” con el que, a pretexto de principio tributario, se les sometía.

Ahora, esas instituciones pagarán el IVA por sus compras, pero el dinero se quedará en sus propias cuentas para que lo inviertan en obras.

Por concepto de la norma anterior, el Estado adeuda más de mil millones de dólares a esas entidades. Su devolución será otro problema, mucho más porque el gobierno lo que menos tiene son recursos disponibles. Pero será el último forcejeo.

Sin embargo, ahora corresponde a alcaldes y prefectos el control al momento de hacer las compras para evitar abusos.

Antes, ese control previo lo hacía el SRI. Hasta podía rechazar algunas devoluciones del IVA por estimar que un GAD no hizo las compras pertinentes. Entonces tendrán que asesorarse si serán objeto de sanción cuando se detecte que han hecho retención indebida de impuestos. Y, obvio que así debe ser.

Una gran medida para que los entes seccionales y las universidades tengan liquidez financiera.