El Estado debe más de 17 millones de dólares a la Universidad de Cuenca

La rectora María Augusta Hermida expuso los valores que el gobierno les debe desde hace varios meses. Andrés Mazza/El Mercurio

Luego de que la Corte Constitucional negara la objeción del entonces presidente Lenín Moreno de vetar la Ley de Régimen Tributario Interno, con la cual se faculta a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades cobren directamente el IVA, entre los administradores de la Universidad de Cuenca hay cierto júbilo.

Esa decisión, que fue tomada a finales de junio, en primera instancia beneficiará a las instituciones de educación superior debido a la situación económica compleja que atraviesan desde hace algunos años por los recortes presupuestarios y por la pandemia.

Para la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, hay “alegría” porque ya desde agosto las universidades retendrán el IVA y lo guardarán en sus cuentas, contrario a lo que se hacía antes: retener y enseguida remitir los montos al Estado que no los devolvía enseguida.

Bajo esa modalidad es que el Estado ha llegado a adeudar millones de dólares, tanto a las instituciones de educación superior como a los GAD. Solo en el caso de la Universidad de Cuenca, el gobierno le debe 3.700.000 dólares.

Si bien la retención era necesaria, Hermida cree que ahora se requiere un mecanismo para que el Estado empiece a cancelar, primero, las deudas por concepto del IVA retenido y, segundo, las deudas por asignaciones presupuestarias de años anteriores.

La Universidad de Cuenca mantiene saldos con algunos acreedores que ya cumplieron con sus servicios en el 2019 y en el 2020, y, sin embargo, hasta la fecha, no han podido cobrar.

“Estamos todavía morosos con muchos de nuestros acreedores desde el año 2019 y algunos del 2020…Tenemos que estar hasta ahora pidiendo, rogando, al Ministerio de Finanzas que nos traslade nuestros recursos del 2019 y 2020 para pagar a los acreedores”, explicó Hermida.

Además de las deudas por el IVA y los presupuestos de años pasados, a la Universidad de Cuenca también se le adeuda 14 millones de dólares, los cuales corresponden a los fondos obtenidos por la autogestión, y todavía falta por cumplir con todo el valor de los fondos de inversión del 2021.

“También debo decir que se ha reducido la cuenta de corriente que sirve para pagar sueldos y salarios. Estamos con problemas para cumplir con la totalidad del 2021 en sueldos. Allí hay un déficit que justamente la próxima semana hablaremos con la Senescyt y con el CES sobre esta situación”, dijo la rectora.

Lo adeudado por el Estado, que suma más de 18 millones de dólares, y los recortes presupuestarios que se hicieron entre el 2020 y este 2021, y que son alrededor de 11 millones de dólares, para los administradores de la Universidad de Cuenca, a la larga afecta la calidad de la educación y la institución que volverá a recibir a nuevos estudiantes en septiembre.

Sin embargo, sin el presupuesto requerido, sin la seguridad de contar con el dinero para cancelar salarios y sin los recursos necesarios para adecuar la infraestructura, el libre acceso a la universidad que se ha venido promulgando en los dos últimos meses, o por lo menos el aumento de cupos, es solo una utopía.

Propuestas de reformas a la LOES

El 10 de junio, la Universidad de Cuenca organizó un debate a través de mesas de trabajo para consolidar una propuesta para la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Entre los principales componentes está la autonomía financiera y la libertad para la toma de decisiones dentro de la academia.

En el caso de la sostenibilidad económica, las principales propuestas de la institución cuencana son: que se establezca con claridad en la LOES la manera en cómo debe calcularse el 10% del rendimiento anual del IVA y que se incorpore en las reformas la obligación que debe cumplir el Ministerio de Finanzas con el pago del 5% del impuesto a la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos.

Por otro lado, en el ámbito académico, la universidad solicitó mayor autonomía para ofertar carreras técnicas y tecnológicas, fortalecer los mecanismos de becas y ayudas económicas.

A todo ello se suma la necesidad de que se implemente (en el modelo de acceso a la educación superior que defina el gobierno) la meritocracia y la inclusión social y económica para reducir las brechas de acceso que existen.

Todos los elementos del documento que será entregado a las autoridades centrales se encuentra en: https://n9.cl/d687g. (I)