Las denuncias sobre corrupción ahora podrán ser presentadas ante la iniciativa Contraloría Social, un proyecto cuya sede está en Cuenca, impulsado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
Para presentar este plan estuvo ayer en Cuenca Fernando Villavicencio, asambleísta nacional y presidente de dicha Comisión; y Bruno Segovia, legislador por la provincia de Azuay y miembro de esta delegación legislativa.
“Antes los ciudadanos iban al centro del poder a golpear las puertas, a ver si les atienden, hoy los legisladores de la Comisión de Fiscalización estamos aquí…”; dijo Villavicencio, quien también es periodista de investigación.
Y acotó: “hemos decidido fiscalizar una de las obras emblemáticas de los cuencanos, de los azuayos, como es el tranvía, porque aquí hay recursos públicos del Estado central…”.
Señaló: “la primera gran novedad que encontramos es el incremento de los costos por el orden del 25 %, de 232 millones que comenzó costando esta obra fue sobre los 290 millones… Aquí hay plata de los ecuatorianos…”.
Responsables
Explicó que la Comisión de Fscalización va a identificar a los responsables políti- cos y también de delitos, en caso de que los haya. Terminado el documento será puesto a consideración del pleno del Legislativo.
Villavicencio indicó que también fiscalizarán el poliducto Pascuales – Cuenca, una obra que tiene algunas fallas, y que estuvo a cargo de la compañía Odebrecht, que ahora ha demandado al Gobierno Nacional por unos 184 millones.
“Desde el periodismo denunciamos y revelamos una enorme corrupción… Este es un caso que afecta gravemente a la provincia de Azuay, obra que tiene graves fallas, sobreprecios, coimas y sobornos…”, indicó.
El legislador también citó que fiscalizarán el proyecto minero Río Blanco, que está entre las parroquias Molleturo y Chaucha. Investigarán los términos en los que se entregaron las licencias ambientales. (CSM)-(I)
