Diecisiete días han pasado desde que un grupo de setenta maestros, en varias ciudades del país, decidieron iniciar una huelga de hambre para exigir que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el amparo interpuesto por el IESS a la reforma a la LOEI, decidida por la anterior Asamblea. Tomar una medida extrema –en este caso, los maestros– nos da la medida de la nula empatía de las autoridades con su pueblo y sus más sentidas necesidades como se evidenció durante la audiencia pública en la que el flamante Gobierno, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se pronunció a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de esta reforma. El argumento de la actual administración es que aquella reforma –que incluye el establecimiento de un salario básico del Magisterio de mil dólares mensuales– no era competencia de los asambleístas y que “incrementa el gasto público y modifica el Presupuesto General del Estado”, aunque todos sabemos que el sistema educativo necesita inversión económica, a más de profundos cambios pedagógicos y culturales. ¿Gobierno del encuentro? (O)
