Human Rights Watch presentó hace poco el informe sobre las consecuencias de la judicialización y criminalización del aborto en Ecuador, que recoge las historias de vida de 148 mujeres y niñas que fueron privadas de la libertad por interrumpir sus embarazos, de estas un poco más de la mitad recibieron asesoría legal en donde les dijeron que se declaren culpables para tener un proceso abreviado, esto es de 6 a 4 meses de cárcel.
Las mujeres presas por abortar son rurales, el 61% están entre los 18 y 24 años, 9% de estas son menores de 18 años. Es decir, las mujeres pobres, jóvenes, indígenas y afros son criminalizadas por interrumpir su embarazo, son los profesionales de salud quienes las denuncian sin tener en cuenta el secreto profesional.
A la Asamblea Nacional le queda un plazo de cinco meses para analizar y aprobar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en casos de violación, veamos si lo hace. Sin embargo, al país cuánto tiempo le falta para comprender que ninguna mujer debería estar presa por abortar.
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