No, no lo creo.
Y mi respuesta es negativa luego de que leo en un periódico una entrevista al jefe de la Secretaría General de Comunicación, Eduardo Bonilla, en la que se afirma que ‘’El Gobierno dice que hay voluntad política para vender los medios incautados, pero admite que existen restricciones legales para hacerlo de inmediato’’.
Lo leo el domingo 8 de agosto de 2021 y siento como un dejavú porque este es el tercer gobierno que dice lo mismo luego de que la madrugada del 8 de julio de 2008, es decir, hace 13 años, el Estado ecuatoriano, bajo la presidencia de Rafael Correa y la ‘’revolución ciudadana’’, incautó la madrugada de ese día unas 200 empresas pertenecientes al grupo de los hermanos Isaías, prófugos de la justicia y desde entonces residentes en Miami, Estados Unidos.
Entre esas empresas están decenas de medios de comunicación (radiodifusoras regionales, canales de televisión de alcance nacional como TC Televisión y Gamavisión, revistas especializadas en temas como el agro y la farándula e incluso el diario Hoy, de Quito -en el que los Isaías tenían acciones- que terminó cerrado y dejó una larga secuela de deudas al fisco nacional, a los proveedores y, en especial, a los extrabajadores, a quienes aún, pese a los años que han pasado, no les cancelan sus liquidaciones).
La noticia de que el gobierno de Correa había incautado esos medios alegró a muchos ecuatorianos que vimos en esas acciones una decisión radical en favor de los perjudicados y un síntoma de que con ese régimen las cosas cambiarían.
Los incautadores anunciaron, entonces, que el régimen correísta había tomado esta decisión porque los Isaías fugaron y había miles de excuentahabientes que aún no habían recibido la devolución de sus depósitos en Filanbanco, la poderosa entidad de los Isaías que hizo que se esfumaran los dineros de cientos de miles de personas que confiaron en la desaparecida institución bancaria.
Se suponía, por tanto, que cuando ocurrió aquel hecho las ingenuas e incautas víctimas de los Isaías recuperarían su plata porque el presidente de la República anunció que en un plazo inmediato se venderían los medios de comunicación y el resto de empresas de los banqueros huidos.
Pero pasaron las semanas, los meses y los años y no ocurrió absolutamente nada. El correísmo no vendió los medios y la gente aún no recibe su dinero, pese a que han transcurrido más de treinta años desde la quiebra de Filanbanco en 1999.
Correa no hizo ningún esfuerzo por negociar lo incautado y cuando terminó sus periodos presidenciales, que duraron diez años, los medios siguieron ahí, en un limbo que le favorecieron para confundir a la opinión pública mediante la virtual apropiación de los medios incautados y los medios públicos y convertirlos en prensa oficial.
¿Por qué no se realizó la venta? Porque el uso antiético de los medios de tanta sintonía popular como TC Televisión y Gama TV le sirvió a la ‘’revolución ciudadana’’ para copar un amplísimo espectro de audiencias en todo el país con programas en los cuales Correa imponía un discurso ideológico presuntamente socialista.
¿Cómo lo hacía? Mediante cadenas nacionales, spots, resúmenes de actividades y las icónicas apariciones cada sábado durante tres horas, apariciones en las cuales el mandatario, sin nadie frente a él que pudiera refutarlo, preguntar o debatir, imponía un agresivo discurso en contra de todos los que consideraba sus enemigos, desde los políticos hasta los ciudadanos comunes, desde los líderes de opinión hasta los medios de comunicación privados, desde las organizaciones sociales hasta los poderes fácticos como los banqueros, la Conaie, los transportistas, la iglesia.
Una década después, Lenin Moreno (hasta entonces militante y dirigente del correísmo) ganó las elecciones presidenciales y, para sorpresa de muchos, empezó a cambiar el discurso seudosocialista: se reconcilió con los banqueros, con los dueños de los medios de comunicación privados y con la gran mayoría de los grupos que lideraron la oposición a Correa.
Moreno convirtió a Alianza PAIS, el movimiento oficial del oficialismo, en una organización mediocre a la que no le dio importancia y que terminó desapareciendo conforme el morenismo avanzaba y terminaba su mandato.
Sin embargo, en el tema de que los medios se venderían ‘’de inmediato’’, como prometió Correa, Moreno pareció entender que no había apuro para venderlos y mantuvo la misma actitud del gobierno anterior: usar la prensa incautada, mezclada con la pública, para imponer una visión unilateral de los hechos según lo que el morenismo consideraba que había que difundir.
Así, desde el triunfo de Moreno hasta que terminó su mandato el 23 de mayo de este 2021, no hubo el menor intento de poner en venta los canales en pugna.
En ese tema no hubo ninguna diferencia entre los dos gobiernos: ambos manejaron a su antojo y en su beneficio los amplios espacios mediáticos incautados cuyo verdadero destino no fue que se los vendiera, sino que se los utilizara como instrumento de propaganda política donde no había cabida para otros sectores políticos.
Incluso sirvió para levantar una plataforma de mentiras sistemáticas: los contenidos que se difundían en los espacios encadenados presuntamente mostraban la capacidad y la eficiencia de los gobiernos.
Pero no se cumplió el diálogo social, no se construyeron obras de calidad y se cometieron graves irregularidades y actos de corrupción, como ha establecido la justicia. Y los medios se usaron para ocultar esas realidades.
Como la sociedad iba dándose cuenta de aquello era estratégicamente importante contar con espacios mediáticos propios (?) para disfrazar, para distorsionar, para magnificar y hasta para divinizar a los gobernantes.
Y aunque el uso que dio Moreno a estos canales y radiodifusoras fue bastante torpe, equívoco, sin una línea estratégica clara y potente y con una serie de iniciativas que pronto se diluían, igual el aparato decisorio gubernamental -como un clon del de Correa- fue incapaz de ceder los medios incautados a la sociedad ecuatoriana.
Su venta era y es urgente para que los ciudadanos cuenten con un mayor abanico de contenidos, de posiciones, de programas, de espacios que demuestren que la democracia no es una palabra sino una construcción diaria, cada vez más firme y más fuerte, en beneficio de un país más y mejor informado, capaz de tomar decisiones gracias a procesos de reflexión, de debate y de disensos que ayuden a la madurez democrática de un pueblo que no merece seguir siendo engañado.
Con la llegada al poder del derechista Guillermo Lasso se escucharon muy buenas noticias en relación con la comunicación entre el gobierno y el público. Lasso no haría cadenas nacionales. Lasso se comunicaría con la gente mediante tik toks (?) y visitas a territorio y tomaría decisiones inmediatas para vender los medios incautados.
Pero esa voluntad política que dice tener para negociar los canales y las estaciones de radio aún no se ve ni se muestra.
Con alguna sospecha y desencanto leo que el secretario de la SEGCOM anuncia que está en marcha la decisión de ofrecer los medios a inversionistas privados, pero, al mismo tiempo, ‘’el funcionario reconoce que los medios incautados cuentan con restricciones legales que impiden su venta de manera inmediata. La estrategia de venta todavía no puede salir por las restricciones legales. Una vez que solventemos la parte legal se trabajará en una estrategia de venta que sea conveniente para todas las partes involucradas”, dice.
¿Para ‘’todas las partes involucradas’’, incluidos los Isaías? ¿De eso se trata aquello de que ‘’la estrategia de venta no puede salir por ciertas restricciones legales’’? ¿Eso significa ‘’el gobierno del encuentro’’?
La idea de la venta de los medios incautados empieza a recuperar su aire difuso y nublado, tal como sucedió con los gobiernos de Correa y Moreno.
No quisiéramos que lo que esté pasando, en realidad, sea que una vez encaramado en el poder, el lassismo empiece a darse cuenta de que dichos medios son un botín y una herramienta muy eficaz para utilizarla a su antojo y en beneficio de su imagen. En otras palabras, para distorsionar, para mentir o para decir medias verdades. Con tantos canales y radios apropiados por el Gobierno es muy fácil retorcer la realidad.
