Solo quienes han recibido una beca parcial o total, o un descuento en el valor de la colegiatura de una universidad particular, saben lo que significa ello: estudiar con un beneficio financiero, alivianar el costo de los ciclos, graduarse pagando lo menos posible porque el dinero no alcanza.
Por lo menos en Cuenca hay miles de jóvenes que conocen lo que se siente ser favorecido en las universidades que reciben un presupuesto por parte del Gobierno para ofrecer descuentos en el importe total del semestre. Sin embargo, una vez más, sobre la mesa ha caído un nuevo recorte presupuestario que estaba destinado a entregar becas y descuentos a los estudiantes, cuyas familias no tienen cómo pagar la universidad, y a los estudiantes por sus méritos académicos.
El pasado lunes, ocho universidades privadas, entre ellas la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad del Azuay (UDA), en un comunicado informaron que el Consejo de Educación Superior (CES) resolvió reducir alrededor de 12 millones de dólares que estaban destinados exclusivamente a cubrir el valor de las becas.
La situación, una vez más, se repite para los rectores de las ocho universidades que firmaron el comunicado, ya que los recortes no son nuevos, sino sistemáticos. Desde los primeros meses del anterior gobierno de Lenín Moreno, y a lo largo de los últimos cuatro años, las instituciones superiores han tenido que reclamar anualmente el presupuesto. Algunos de esos reclamos han terminado en denuncias en la Corte Constitucional.
Para Fernando Pesántez, vicerrector de la UPS, las reducciones presupuestarias no son nuevas. En el 2019, esa institución contaba con un poco más 13 millones de dólares para cubrir las becas, pero en el 2020 se redujo dos millones de dólares. “Sin embargo, en ese mismo año se notificó, vía oficio, que no se iba a otorgar los diez millones sino solo 9.597.000 dólares, y de ese valor, en verdad, quedó únicamente entregado un porcentaje ya que la deuda del 2020 quedó en más de cinco millones de dólares”, dijo Pesántez.
Lo mismo ha sucedido en la Universidad Católica de Cuenca, cuyo rector, Enrique Pozo, cree que la fórmula que se usa para repartir el dinero para las becas “data del siglo pasado”, lo que ha llevado que año a año, las universidades deban estar peleando por el presupuesto.
Beneficios
Solo entre la UPS y la Universidad Católica de Cuenca hay más de 13.000 jóvenes que están siendo beneficiados con las becas parciales y descuentos que se han ganado, ya sea por su situación socioeconómica o por sus méritos académicos.
Además de ambos casos, en cada proceso para el ingreso a la universidad pública que maneja la Senescyt, un grupo de estudiantes se gana un cupo para estudiar becado en una institución privada.
Y, gracias a ese último caso, Pablo Loja es estudiante de ingeniería en sistemas de la Universidad del Azuay. Hace cuatro años, él se ganó una beca parcial del 75 %. De los más de 2.000 dólares que cuesta el ciclo, solo debe cancela alrededor de 300 dólares.
“Prácticamente con esa beca he llegado hasta acá y estoy por culminar la carrera. Sin eso, no podría haber seguido estudiando porque no tenemos los recursos suficientes”, dijo Loja.
Como esta historia, hay muchas más, ya que, si no hubo cómo ingresar a una institución pública, los establecimientos privados se convierten en una opción, siempre y cuando haya la oportunidad de mermar los costos. “No es lo mismo pagar 1.800 dólares que la mitad. Como sea se logra reunir el dinero y pagar el ciclo. Y eso no entienden las autoridades de turno”, opinó Susana Olivo, cuya hija también estudió con una beca.
A pesar de las continuas reducciones, los rectores de las universidades particulares, en las que se incluyen la UPS y la Universidad Católica, dijeron que mantendrán las becas y los descuentos a quienes se lo ganaron antes de la decisión del Gobierno de Guillermo Lasso.
Pero, para ello, habrá una reestructuración para usar los propios recursos obtenidos por la autogestión de las instituciones particulares, más no por el dinero que adeuda el Estado ecuatoriano a las universidades. (I)
