Poco a poco el narcotráfico y el crimen organizado se han convirtiendo en noticia de primera plana. La captura de miles de tonelada de cocaína, las numerosas pistas clandestinas descubiertas, el asesinato casi diario de personas vinculadas al tráfico de drogas, las mafias con estructuras armadas y con vínculos directos en las cárceles del país, la existencia de numerosas vulnerabilidades en el sistema penitenciario, una población drogadicta en la indigencia, la ausencia de centros de desintoxicación y tratamiento de adicciones y la violencia generada no se resuelven con la eliminación de la tabla de consumo, como pretende el Gobierno de Guillermo Lasso. No sólo hace falta incorporar al discurso oficial que “es un tema de salud mental” cuando se habla de consumo y micro tráfico, y menos pretender que el combate a la compra-venta de dosis personales –el 80 % del consumo en Ecuador es marihuana– resuelve las profundas redes de corrupción y el crimen organizado que “contaminan” instituciones públicas. Pensar en la legalización del uso de la marihuana, primero, y de todas las drogas luego para romper el negocio ilícito como alternativa política de la región debe ser prioridad en la reflexión de los estados latinoamericanos. (O)
