El pleno de la Corte Constitucional aceptó este miércoles 29 de septiembre del 2021, por unanimidad, la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, y la concejal Mónica Sandoval, en contra de las sentencias a favor del alcalde Jorge Yunda, emitidas en primera y segunda instancia, que lo mantenían al frente de la Alcaldía de Quito.
Con esta decisión, que es de última instancia, Yunda deberá dejar nuevamente la Alcaldía de la cual ya fue removido el pasado 3 de junio por una decisión del Concejo Metropolitano, a la cual volvió el 29 de julio, tras recibir la sentencia favorable a su pedido de acción de protección.
En esta ocasión la Corte Constitucional declaró que las sentencias de primera y segunda instancia vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y motivación de los accionantes. Además, se evidenció una posible desnaturalización de la acción de protección.
La Corte determinó que el informe de la Comisión de Mesa, instancia previa al Concejo, no vulneró los derechos constitucionales de Yunda porque este fue “un acto de mero trámite de un órgano asesor dentro de un proceso de remoción que no produjo ningún efecto jurídico vinculante, por lo que no tiene la potencialidad de vulnerar, por sí solo, derechos constitucionales”.
Sobre la imparcialidad, como parte de las garantías del debido proceso que, según la jueza de primera instancia, María Belén Domínguez, se vulneró en contra de Yunda, la Corte Constitucional puntualizó que no se puede aplicar en la misma medida ni bajo los mismos estándares que en un proceso jurisdiccional, pues en este caso rige lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
A través de su cuenta de Twitter Jorge Yunda informó que trasladará su defensa a instancias internacionales, de forma específica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además del proceso de remoción que hoy queda resuelto, Jorge Yunda enfrenta un proceso penal por el delito de peculado en el grado autor mediato por la adquisición de 100 mil pruebas para detectar covid-19, por cuyo contrato, según la Fiscalía, habría un perjuicio al Estado por 2’235.491. La audiencia de juicio inició hoy.
