La gestión del vocero (¿del presidente de la República o del gobierno en su conjunto?) no consiste en hacer hipótesis ni dar su opinión personal, aunque esta coincida con la del primer mandatario.
En Ecuador, hace dos meses se anunció que el Régimen contrataría seis influencers para que comunicaran y convencieran a los ciudadanos sobre la posición de Carondelet en relación con distintos temas.
Al final, se contrató solo uno y ya no se llamó influencer, sino vocero.
La designación recayó en el periodista y abogado Carlos Jijón, pero un mes después de que iniciara su gestión, esta aún es confusa para el público y está poblada de inquietudes.
¿Por qué? Fácil. Ningún funcionario del Gobierno, empezando por el presidente Guillermo Lasso, lo presentó ante el país y nadie explicó cómo lo escogieron, con qué criterio, cuáles fueron los méritos relevantes, cuál es el perfil que se priorizó para elegirlo.
Si fue seleccionado al azar o entre varios aspirantes, si predominó la amistad por sobre la calidad, ya no importa. Pero lo primero que se debió hacer fue una conferencia de prensa para presentarlo, pues, según la teoría política, la importancia del vocero es que debe expresar y comunicar lo que el Presidente piensa, pero, sobre todo, las decisiones puntuales que toma el mandatario.
Como decía un tuit del periodista Juan Carlos Aizprúa, de Ecuavisa, “la burbuja en la que viven el gobierno de Lasso y varios funcionarios se les está reventando y de la peor manera”.
Se supone, por tanto, que el vocero debió ser escogido para que deshiciera esa burbuja y consiguiera aterrizar a los altos mandos políticos del lassismo para que vean la realidad, para que la sientan, para que entiendan que el momento de popularidad y credibilidad del jefe de Estado ya pasó luego de la exitosa campaña de vacunación.
Sin desconocer el acertado manejo del proceso de inoculación masiva contra el Covid-19, lo que ahora busca el ciudadano común es que el Gobierno tome decisiones drásticas y valientes en torno a dos problemas que, en realidad, parecen ser uno solo.
Estamos hablando de las masacres en las cárceles (aunque el vocero dubita y a veces opina que “todo está bajo control” y otras veces dice que “aún no está resuelto el problema en su conjunto”. Hablamos también de la violencia de los sicarios que van dejando su rastro sangriento y criminal en las calles de las principales ciudades del Ecuador.
A estas alturas ya resulta obvio que se trata de una guerra entre poderosos carteles del narcotráfico mexicano para controlar el mercado interno de la venta de droga en el Ecuador y la disputa por el manejo de los canales de distribución desde el Ecuador hacia México y Estados Unidos, su destino final.
Dos problemas en uno, que, en materia de comunicación, son cada vez más confusos por los comentarios y las opiniones contradictorias de uno y otro funcionario.
Si el Gobierno decidió que Jijón lo representara como la versión oficial de los hechos, ¿qué hacen hablando sobre los mismos temas el presidente de la República, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el secretario de Inteligencia, Fausto Cobo; el ministro de Defensa, Luis Hernández; y los comunicados que emite la Secretaría General de Comunicación (Segcom)?
¿Tiene sentido contar con un vocero oficial si existen otros funcionarios que emiten información (¡y opiniones!) sobre el tema de seguridad, que es el asunto que concita mayor expectativa entre la mayoría de la gente?
Quienes vimos y escuchamos la reciente entrevista del periodista Fernando del Rincón a Jijón por CNN entendimos que el Gobierno no tiene claro lo que se debe hacer para que se resuelva la crisis carcelaria y la violencia urbana que, cada vez con más fuerza, viene manchando de sangre las calles de Guayaquil, de Quito, de Manta, de Quevedo, etcétera.
En esa entrevista, luego de los titubeos del vocero Jijón, Del Rincón fue tan implacable como lo ha sido, en su momento, con Juan Sebastián Roldán, del régimen de Moreno, y con Fernando Alvarado, del equipo del entonces presidente Rafael Correa.
Vergüenza ajena: según la página digital BN, del Rincón concluyó que “existe incapacidad gubernamental en la administración del presidente Guillermo Lasso y el manejo de la crisis carcelaria. Criticó, además, que se esté tratando de politizar el tema”.
Y es así. Tanto el vocero como otros funcionarios han insinuado que todo lo que está ocurriendo en materia de inseguridad en las cárceles y en las calles podría ser parte de un plan conspirativo en contra de la democracia y del presidente Lasso, a quien un sector de la oposición, concretamente el correísmo legislativo, pretenden poner sobre sus hombros la responsabilidad de que existe una “grave conmoción interna”, una de las causales para el enjuiciamiento y destitución del mandatario.
Como para tratar de convencerse a sí mismos y al país, la ministra Vela ha hablado de que, además, presuntamente existe un grupo guerrillero que también estaría contribuyendo a generar más inestabilidad y desconcierto entre los ciudadanos, aunque un reportaje de Ecuavisa con el líder del grupo dejó sin piso a Vela al mostrarse tal como son, sin subterfugios ni especulaciones que no tienen base real.
Entonces, volvemos a preguntar: ¿existe un vocero oficial que representa la última palabra del presidente de la República o en Carondelet no conocen cómo se articula la función del vocero oficial con el ejercicio cotidiano del poder político?
Según los brasileños María Aparecida Ferrari y Fabio Franca, dos de los expertos que hablan sobre el tema en el libro Relaciones Públicas, naturaleza, función y gestión, “para garantizar que la comunicación produzca resultados efectivos y duraderos, hace falta un profundo conocimiento de los públicos a los cuales está dirigida”. Añaden que “cuando se trata de una institución (política) es indispensable formular una definición estratégica que contemple los diversos tipos de públicos a los que se quiere llegar, los objetivos del Gobierno en su relación con los ciudadanos, el nivel de dependencia que existe en cuando a información que el público espera del poder político y las expectativas de los públicos estratégicos formados, primordialmente, por la comunidad y por los medios de comunicación”.
Para el éxito de este cargo de vocero oficial de la Presidencia, afirman que el funcionario debe conocer a fondo las directrices de quien representa, saber interpretar estas directrices sin que la opinión personal envíe señales equívocas y traducir las directrices en políticas de efectiva orientación para los públicos de relacionamiento, entre otras recomendaciones.
Según los analistas brasileños, los voceros “deben comprender que las directrices se desglosan en las políticas que orientan las relaciones (del Gobierno) con cada público y que cada público debe ser tratado de manera diferenciada”.
Por lo tanto, advierten, la principal tarea del vocero “es comprender el sentido general de las directrices y traducirlas en políticas que deben ser seguidas de manera estricta, rigurosa y permanente por todos los funcionarios involucrados en las relaciones directas entre el Gobierno y la opinión ciudadana”.
En síntesis, coherencia, eficacia y un discurso claro que no haga hipótesis ni genere confusión entre su opinión personal y lo que esté pensando la principal autoridad.
¿Qué tan difícil es ser vocero oficial de un Gobierno? Sin duda, lo primero es desbrozar el camino para que este vocero tenga la suficiente autoridad no solo frente a los ciudadanos sino dentro de la organización, en este caso, del círculo más cercano al presidente de la República. Que sea él, y no otro funcionario, quien desempeñe el rol para el que fue contratado.
El vocero no debe opinar por sí mismo ni generar informaciones contradictorias, pero, de lo que se ha visto hasta ahora, mientras aparezcan otros puntos de vista y otras versiones dentro de los mismos integrantes del gabinete, este vocero no tiene otro destino que el de jugar el rol de fusible para que se queme él y no los más altos funcionarios. Triste papel. (O)
