Guste o no a la oposición y a muchos sectores ciudadanos, corporativos y empresariales, el proyecto de Reforma Tributaria propuesto por el presidente Guillermo Lasso entra en vigencia por el ministerio de la Ley.
La Asamblea Nacional, donde prima el cálculo político e intereses de otra índole, no pudo demostrarle al país cuan preparada está para dilucidar con inteligencia asuntos de tanta importancia como los económicos.
El recálculo del impuesto a la renta para las personas naturales; las contribuciones de las empresas con patrimonios superiores a los cinco millones de dólares, fueron, en otros, los “nudos críticos” por los cuales los diversos bloques legislativos y los autollamados independientes entraron en devaneos, componendas, cálculos y más disquisiciones legales y leguleyas.
La Asamblea tuvo plazo hasta este sábado para aprobar, modificar o negar la propuesta del gobierno. Este, en materia de reforma tributaria, tiene plazo hasta el próximo 26 de diciembre para dictarla. Ahora ya podrá hacerlo.
Aspira a recaudar 1.900 millones de dólares en dos años, sacrificando, según analistas económicos, una vez más a la clase media, de por sí ya en etapa se sobrevivencia.
El Legislativo debatió dos informes: uno de mayoría, otro de minoría. Este último, aupado por el correísmo y otras bancadas, implicaba recaudar 750 millones de dólares menos respecto del monto establecido en el proyecto original.
En el juego democrático de los votos, ninguno de los dos se hizo efectivo. Tampoco hubo los necesarios para archivar la propuesta. Por lo tanto, entra en vigencia por el ministerio de Ley.
Sin embargo, la abstención del bloque correísta de UNES para votar por el archivo genera toda clase de comentarios, suspicacias y hasta bravatas. No se sabe aún el posible acuerdo con el gobierno.
La política también es el arte de perder, de ceder, de pagar el costo político por las decisiones; pero menos si es a cambio de sacrificar la honradez, la transparencia, o sacrificar la Justicia. (O).
