El expresidente Rafael Correa culpó al procurador general Iñigo Salvador de no defender al Estado, tras conocerse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Ecuador por violar el derecho de libertad de expresión de un periodista y de directivos del diario El Universo.
En un mensaje por redes sociales, el exmandatario entre 2007 y 2017 sostiene que «la culpa no es de los jueces de la Corte Interamericana» sino que «el procurador Salvador no defendió a Ecuador y se allanó a la acusación de El Universo».
El caso se refiere a una condena penal de tres años privativa de libertad y una sanción civil por 30 millones de dólares contra del periodista Emilio Palacio Urrutia y directivos del diario, a raíz de la publicación en febrero de 2011 de un artículo de opinión sobre la grave crisis política que vivió el país andino en septiembre de 2010.
Titulado «NO a las mentiras», el escrito constituye para los jueces «un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático».
Y consideraron que «la sentencia condenatoria (ecuatoriana) que impuso la sanción de tres años de prisión, y la sanción civil impuesta con motivo de dicha condena, en perjuicio de las víctimas del caso, constituyeron una violación al derecho a la libertad de expresión».
En Ecuador sigue aún siendo motivo de polémica el análisis histórico de los acontecimientos del 30-S, en los que una protesta policial en Quito por razones laborales acabó convirtiéndose en un enfrentamiento a tiros, algunos expertos consideran que por provocación del propio Correa que se personó en el lugar e instó a que le disparen.
Para Correa, objeto de la crítica del artículo de El Universo y que siempre ha tachado los hechos del 30-S de intento de golpe de estado, «decir que esta monstruosa calumnia es opinión, ya no es solo mentir, es una locura».
Los años siguientes al 30-S se caracterizaron por un fuerte choque entre el movimiento correísta y los medios de comunicación, en particular tras la aprobación de una polémica Ley de Comunicación (LOC) en 2013 que desató una persecución de periodistas y medios críticos con el régimen y cercenó la libertad de expresión.
La sentencia, notificada hoy a las partes, indica que Ecuador es responsable internacional por la violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad, la circulación y residencia, la estabilidad laboral, las garantías judiciales y la protección judicial, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
El Tribunal internacional encontró que Palacio se vio obligado a abandonar el país y renunciar a su trabajo con motivo de la condena de la Justicia ecuatoriana y otros hechos relacionados a su labor como periodista, lo cual constituyó una violación a su derecho a la circulación y residencia y a su estabilidad laboral.
También defiende a El Universo de una sanción civil desproporcionada cuyo objetivo, según la sentencia, era no «reparar el daño sufrido a la reputación de un demandante», sino «a silenciar o castigar a los críticos del gobierno».
La noche del martes, conociendo la sentencia, el Gobierno ecuatoriano, que ahora preside el centroderechista Guillermo Lasso, recordó que una de las demandas de la Corte de garantizar la libertad de expresión está ya en proceso legislativo e incluye «la eliminación del delito de calumnia y la contravención de actos contra el honor».
Un delito que, según el Ejecutivo, «se usó para perseguir y aterrorizar a periodistas».
A la vez, y en claro contraste con Correa, «felicitó» el trabajo de la Procuraduría al defender «el interés público y patrimonio del Estado de Ecuador» y «lamenta el prejuicio ocasionado por el Estado causado a las víctimas del caso». EFE
