Asustados por el quinto rebrote del coronavirus, pasa desapercibido el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre el incremento de la pobreza infantil en Ecuador.
Titulado “Evitemos una década perdida”, dicho informe es letal en cuanto al impacto de la pandemia sobre la infancia y la juventud.
Uno de cada tres menores de dos años padece de desnutrición. Antes de la pandemia era uno cada cuatro. Este desalentador panorama se completa porque la pobreza ha llegado a los mismos niveles de 2010: 32,2 % de ecuatorianos sobrevive con menos de 84, 7 dólares mensuales. Antes de la pandemia afectaba al 25 % de la población, pues en 2017 bajó al 22 %.
Con esos niveles de pobreza los más afectados son niños, niñas, y adolescentes.
Si antes de la pandemia los ingresos eran escasos en esos hogares, ahora son mucho menos. Esto deriva en desnutrición, en el poco o nulo acceso a una educación de calidad, ni se diga a la virtual; en mayor riesgo de contagiarse, en violencia intrafamiliar, cuando no en drogadicción, y casi sin esperanza de resurgir.
Son los efectos sociales y económicos por la pandemia. Agravaron las condiciones de pobreza y extrema pobreza, aun los esfuerzos hechos años atrás para afrontarlas.
Sin en las grandes ciudades, hacia donde migran muchas familiares pobres en busca de oportunidades, es visible ese cuadro descorazonador, en los sectores rurales, peor en los de difícil acceso, la situación debe ser angustiante.
El gobierno tiene un plan para tratar de revertir la desnutrición infantil con un bono a entregarse a las madres gestantes y a los menores de dos años ubicados en zonas con mayores índices de pobreza.
Empero, urge una política social integral. El bono si bien en algo ayudará, ese grupo poblacional merece una buena educación, acceso a la salud pública y otros derechos.
“Los primeros a la hora de recibir inversiones y los últimos a la hora de sufrir recortes deben los menores de edad de un país”. Lo dice el informe de Unicef. Más claro no puede ser.
