El Gobierno talibán negó las supuestas acusaciones de la ONU de haber cometido asesinatos extrajudiciales de un centenar de exfuncionarios y colaboradores de las fuerzas de seguridad del depuesto Gobierno afgano.
«No es cierta la acusación de que después de tomar el control de Afganistán por parte del Emirato Islámico -como se autodenomina el régimen talibán- más de cien exfuncionarios o miembros de seguridad fueron asesinados», dijo el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Bilal Karimi.
De acuerdo con el portavoz de los fundamentalistas, «no hay permiso para torturar a ningún miembro del gobierno anterior» y si alguna muerte se produce motivada «por odio personal, lo investigamos y sancionaremos al autor de la acción», aseguró.
Desde su llegada al poder el pasado 15 de agosto los talibanes han negado en varias ocasiones esas muertes extrajudiciales y subrayan que concedieron una amnistía general.
La ONU, sin embargo, no comparte esa posición, según detalles de un informe presentado la semana pasada ante el Consejo de Seguridad por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y divulgado por algunos medios internacionales.
«La información del secretario general de la ONU de que cientos de miembros del gobierno anterior fueron asesinados no es cierta», insistió también el viceministro de Información de los talibanes, Zabiullah Mujahid, en un mensaje en Twitter.
«Nadie puede dañar a nadie» en Afganistán, remarcó.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró a principios de enero en su informe global que, a medida que los talibanes fueron tomando el control del país, se «llevaron a cabo asesinatos de venganza de al menos docenas de exfuncionarios y personal de las fuerzas de seguridad».
Según HRW, solo en un distrito de la provincia de Ghazni, los fundamentalistas «mataron al menos a 19 miembros de las fuerzas de seguridad» y otros 44 fueron ejecutados en la meridional Kandahar después de que los talibanes capturaron esos territorios. EFE
