La historia nos enseña que de las crisis se debe construir el cambio. Se necesitan reformas fundamentales y las mismas significan la reconstrucción del Estado de Derecho, la ley debe regir con eficacia la sociedad. Esa eficacia que nace de la Justicia y de la calidad ética. Recordemos que todos los ciudadanos tenemos deberes y responsabilidades a cumplir, por eso la elección de los representantes de la voluntad popular debe acreditar lo mejor de la ciudadanía. Tema que debe ser estudiado a profundidad.
Desde hace mucho tiempo se constata que la función legislativa carece de aptitud y coherencia, no aporta con la imprescindible toma de posesión de los niveles doctrinarios y del mínimo de la solución para los problemas básicos de la comunidad, por ejemplo el tratamiento a la Ley del Aborto deja la sensación de la anomia lógica, cuando la sindéresis es imprescindible en el sistema jurídico y en el Estado como entidad cívica de la comunidad social. La Ley es para proteger la vida, su objetivo no es y no puede ser consagrar como derecho una forma de asesinato porque no otro sentido tiene despenalizar el Aborto.
En otro ángulo, el problema carcelario evidencia la falta de sentido jurisprudencial. En este punto, la falencia del sistema judicial especialmente de la necesaria probidad de los jueces es asunto capital. Tema que pone en el primer plano la necesidad de Reestructurar a la Función Judicial centrando su potestad real en la Corte Nacional de Justicia que DEBE RETOMAR su significación de CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Una entidad con dos cabezas es un monstruo. El Consejo de la Judicatura debe ser el organismo de apoyo administrativo y financiero de la Función Judicial no el eje de las decisiones aún jurisdiccionales. Organismos como la función de Transparencia y Control Social no deben existir o las entidades autónomas como el IESS van en proceso de angustiante obsolescencia.
Por tales motivos, insisto, es imprescindible la pronta toma de decisiones para la Nueva Constitución. (O)
