Istmina (Colombia).- En el puesto de votación de San Antonio, una zona selvática del noroeste de Colombia, una veintena de vecinos espera, conversando alegremente, su turno para votar ante dos soldados fuertemente armados. Esta localidad del departamento del Chocó es uno de las que, por primera vez en la historia, eligen a las víctimas que serán su voz en el Congreso.
Es un puesto pequeño, a orillas del río San Juan, donde mucha gente ha acudido a primera hora a votar y donde la Registraduría ha tenido que habilitar una mesa extra, ya que más gente de lo habitual se ha registrado para votar en este pequeño pueblo, donde hay menos de 400 electores.
Al contrario de lo que sucede con la mayoría de caseríos donde se puede votar por las llamadas «curules de paz», San Antonio está solo a unos kilómetros de Istmina, en vía pavimentada y de fácil acceso. En la mayoría de los 114 puestos de votación que hay en el selvático departamento del Chocó el acceso es solo por río o mar.
Para Blasney Mosquera, uno de los candidatos del Chocó para las «curules de paz», se trata de una votación muy importante porque «necesitamos que las leyes vayan a fortalecer a las víctimas del territorio porque somos los más desprotegidos por toda la andanada que se está presentando»
AMENAZAS A LA DEMOCRACIA
Mosquera cree que se merecen llegar al Congreso porque han ido ahí donde los candidatos normales no llegan, donde reinan los grupos armados y pocos se atreven a entrar.
«La única preocupación nuestra es que el orden público no lo permita y el río de recursos que anda corriendo en los territorios en razón de algunas campañas electorales nos dañe el sentir y el querer de la población víctima», explica el líder a Efe en San Antonio, haciendo referencia a la compra de votos, una práctica extendida en todo el país.
Mientras un voto en Quibdó, la capital chocoana, se compra a 30.000 pesos (unos 8 dólares) o 60.000 si se trata del combo Cámara-Senado, en estas zonas que tienen menos población se puede llegar a pagar 100.000 pesos (26 dólares) y en las más alejadas, como las del Baudó, pagan hasta 400.000 pesos (104 dólares), según explicaron algunos habitantes.
«Si no hay plata no voto», exclamaba este domingo una mujer mayor, apoyada en su bastón, en el puesto de votación instalado al aire libre en Guarapito, otro caserío de Medio San Juan. «A mí denme mi plata», insistía la mujer, que se fue sin votar a un edificio cercano en construcción donde un joven le ha llamado de forma sospechosa.
Para comprobar esta y otras acciones, varias misiones internacionales, entre ellas las de la Unión Europea, se han desplazado hoy a algunas de estas zonas para observar los comicios, y para conseguir que no haya problemas de orden público. La Defensoría y la Registraduría también han aumentado su presencia en muchos corregimientos apartados.
CHOCÓ NUNCA CONOCIÓ LA PAZ
Acabar con esta práctica de compra de voto, que se aprovecha de la pobreza de habitantes como los del Chocó y activa algunas de las maquinarias más oscuras del poder en Colombia, es uno de los retos que tiene por delante el Congreso que salga elegido este domingo, que también deberá poner el ojo en zonas convulsas.
«Estamos viviendo una situación bastante difícil y algunos de los candidatos y candidatas han sido amenazados, incluso una de las candidatas mujeres, Piedad Lagarejo, ha sido víctima de varios atentados», resume a Efe la coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Chocó, Claudia Patricia Palacios, una líder social.
Un departamento surcado por una densa selva, en la que no hay vías que comuniquen el interior con el mar, con salidas al Pacífico sin explotar que son cultivo del narcotráfico y el contrabando, grandes explotaciones mineras y una población casi completamente afro, «el Chocó es mirado con oportunismo y no es atendido con una mirada continua a sus necesidades», denuncia el obispo de Istmina, monseñor Mario de Jesús Álvarez.
«En el Chocó, Colombia es más territorio que Estado», asegura el prelado a Efe, quien insiste en que «hay un rezago histórico», y que el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC nunca se dejó sentir ahí, donde en muchas zonas los paramilitares del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) imponen su ley.
Palacios habla de mujeres que han perdido a dos o tres hijos, a las que incluso les han mandado la cabeza con amenazas y «palabras hirientes» o cuyos familiares han aparecido desmembrados en orillas del río o en basureros.
En la zona de Istmina, Medio San Juan y sobre todo más al sur, «la situación está por explotar»; reina una «calma chicha» pero «se están cocinando unos planes internos», cuenta el obispo, que cuando exploten pueden derivar en una matanza peor que la de Bojayá, donde murieron más de 70 personas por una bomba lanzado por las FARC a una iglesia en 2002.
«Hoy el departamento del Chocó está prácticamente confinado porque nosotros no nos podemos movilizar como lo hacíamos otrora con esa libertad», apunta la lideresa. Tienen que volver a casa pronto porque hay toques de queda impuestos y el minado de campos también ha aumentado.
Por ello, la votación de este domingo es importante, pero lo sería más si fuera honesta. «Chocó está urgido de unos líderes nuevos», dice monseñor Álvarez, «el pueblo está cansado de mucha mentira. Hay una rabia contenida».
A la espera de resultados y de ver si los temores de algunos de que los mismos de siempre se queden con sus escaños de víctimas en la Cámara se cumplen, la vitalidad y la alegría volvió a las calles del Chocó, con una población que salió a votar en muchedumbre, jovial y expectante. EFE
