El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, revelará este martes su decisión sobre si veta o acepta la norma aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento) que regula el aborto por violación, informó este lunes el consejero de Gobierno, Carlos Jijón.
«La política del Gobierno es procurar que la ley que se ha aprobado en la Asamblea Nacional se ajuste a la resolución de la Corte Constitucional. Esa es la política básica, ese es el requisito fundamental», dijo en una rueda de prensa.
El pasado 29 de abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación.
La resolución fue aprobada por el pleno de la Corte con siete votos a favor y las reservas de dos magistradas, en un dictamen que declaró inconstitucionales dos cláusulas del Código Integral Penal (COIP) y abrió la posibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo en aquellos casos en los que se constate una violación.
«En todo aquello en lo que la Asamblea hubiera podido excederse o no ajustarse, el presidente de la República podría vetarlo», dijo Jijón al apuntar que la decisión de aprobar o vetar la revelará este martes el propio Lasso.
CORTE CONSTITUCIONAL
Durante una entrevista la semana pasada, el gobernante recordó que personalmente defiende «la vida desde la concepción hasta la muerte natural».
Sin embargo, como «presidente de la República debo también considerar en este caso puntual el dictamen de la Corte Constitucional, sobre el cual ya me pronuncié hace un año diciendo que no estaba de acuerdo en lo personal, pero como presidente de la República estoy obligado a respetar ese fallo de una institución del Estado», subrayó.
Históricamente en Ecuador el aborto ha estado penalizado con la cárcel, con la salvedad de que un médico lo practique para salvar la vida de una gestante o en caso de violación de una persona con discapacidad mental.
FEMINISTAS EN ALERTA
Las organizaciones y colectivos feministas de Ecuador han avanzado que seguirán su batalla legal para que entre en vigor la ley si Lasso finalmente veta la norma aprobada por el Parlamento.
Así lo manifestó recientemente a Efe la presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez De la Torre, una de las promotoras de la demanda que dio lugar a la histórica sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó despenalizar el aborto en caso de violación y elaborar una ley para regular su procedimiento.
Esta norma exigida por la Corte fue aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de febrero, y establece que cualquier mujer violada puede acceder al aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.
Gómez De la Torre consideró que si Lasso veta la norma, ya sea íntegra o parcialmente, «caería en una ilegalidad, porque esta es una sentencia de la Corte Constitucional y es inapelable, al tratarse de otro poder del Estado y no debería recibir una respuesta de desacato del presidente».
Si finalmente se produce el veto, la presidenta de la Fundación Desafío abogó por recurrir nuevamente a la Corte Constitucional para que haga prevalecer su fallo.
Para Gómez De la Torre, el veto presidencial implicaría volver a quedarse sin una ley para proceder con el aborto por violación y «no tener ley es un vacío, porque solo con la sentencia no es suficiente para que el sistema de salud pueda implementar un avance como este». EFE
