La magra situación carcelaria, vigente en Ecuador desde hace más de dos décadas, es confirmada en el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Estado, sino del todo, abandonó a su suerte al sistema penitenciario cuyas fallas estructurales se consolidaron con el pasar del tiempo.
El auge delictivo ha tenido una espiral de crecimiento sin precedentes. Desde al asalto en los espacios públicos, en el transporte, por citar dos ejemplos comunes, se ha pasado a la acción de verdaderas bandas delictivas, cuya operatividad, efectividad y armamento, rebasan al control policial.
Asimismo, los diferentes tipos de delitos adquieren ribetes espeluznantes. Ya operan los carteles internacionales de la droga, el sicariato actúa a sus anchas, amén de los cibernéticos, de la trata de personas, del tráfico de indocumentados, de armas, del robo de vehículos, del microtráfico que pulula aun en los pueblos más pequeños.
Producto de una legislación malhadada la prisión preventiva es el germen del hacinamiento carcelario. La presunción del cometimiento de un delito es motivo para quedar detenido quien sabe por qué tiempo.
Al hacinamiento, tal como reza el informe de la CIDH, se añade el control de las cárceles por parte de mafias cuyas disputas derivaron en masacres horrendas; y aun estando “recluidas” dirigen las actividades delictivas, sobre todo el narcotráfico.
El Estado perdió el control de las cárceles. La corrupción al interior de estos mal llamados centro de rehabilitación social facilita el ingreso de armas, de droga; en tanto la regeneración de los presos, salvo de unos pocos, es una quimera.
La CIDH hace varias recomendaciones al gobierno. Y, de seguro, las tomará en cuenta en la aplicación de su Política Pública de Rehabilitación Social con énfasis en la promoción de los derechos humanos de los presos.
El problema carcelario, por ser tan viejo y complejo requiere de acciones contundentes a corto, mediano y largo plazo, comenzado por reducir las brechas sociales.
