Mientras se instalaba la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, llegaba a los curules de los asambleístas la noticia, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, integrado por los jueces Mabel Tapia, Olga Ruiz y Julio Obando, le había aceptado el pedido de medidas cautelares a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, con lo que la posibilidad de crear una Comisión para investigarla debía de frenarse.
La decisión del tribunal se basó en que, a su criterio, existe una amenaza real de vulneración de los derechos constitucionales de Llori, por lo que pide al pleno de la Asamblea que se abstenga de analizar la creación de la Comisión para investigarla.
Pese a que calificó a la decisión de los jueces como una “grosera y afrentosa intromisión” de la justicia en las atribuciones de la Asamblea, el correísta Fausto Jarrín decidió dar marcha atrás en su pedido de cambio del orden del día, con el que buscaba crear la Comisión ad hoc para la investigación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), con Llori a la cabeza.
“En razón de las medidas cautelares, que la presidenta acaba de conseguir de la función judicial, en contra de toda lógica de autonomía, me voy a abstener de hacer la solicitud de cambio del orden del día, porque no voy a violar la normativa constitucional”, afirmó Jarrín.
Ante lo actuado por Llori, los bloques analizan las opciones para revertirlo, en el ala correísta, Juan Cristóbal Lloret confirmó que en las próximas horas presentarán una queja en contra de los jueces y en la próxima sesión volverán a presentar la moción para crear la mencionada comisión.
Por su parte Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea, puntualizó que el tema incluso se podía tratar ayer, pues existe un precedente, el creado por Fabricio Villamar, asambleísta del anterior período legislativo, que intentó frenar su destitución con una medida similar, pero el pleno de la Asamblea, de todas formas, lo destituyó.
“Desde mi punto de vista, no puede haber intromisión de la administración de justicia de este poder en el poder Legislativo, es imposible, recordemos el caso Villamar, donde obtuvo las medidas cautelares, pero el pleno de la Asamblea resolvió que no podía acatarlas por la autonomía de esta función del Estado”, aclaró Saquicela.
Por su parte Salvador Quishpe (Pachakutik), de los pocos aliados que todavía tiene Llori, insistió en que ella no se aferra al cargo e incitó a los legisladores a proseguir con su intención de investigarla y destituirla
“Sabemos que las medidas cautelares no van a detenerlos en su exigencia de crear la comisión. Si quieren destituir, procedan, ese es un tema político, el asunto es que no está de por medio evaluar, sino ya vamos a ver, les invito a que estemos atentos, porque lo que quieren es destituirla”, afirmó Quishpe, quien señaló que la intención real de los correístas es tomar el poder del Consejo de Participación Ciudadana, antes de que este nombre al nuevo contralor.
La decisión es inapelable
Mientras los asambleístas buscan opciones para revertir la medida cautelar otorgada a Guadalupe Llori, su asesor jurídico, Julio César Sarango, puntualizó que la medida a favor de la presidenta de la Asamblea es inapelable y se mantendrá mientras se considere que persiste la amenaza de la violación de sus derechos.
“Las personas que han sufrido un fallo no están de acuerdo, pero eso no quiere decir que la resolución sea ilegal, aquí se ha fallado en derecho, se ha hecho uso de las herramientas constitucionales y legales”, afirmó Sarango.
El jurista también negó que exista intromisión de la justicia en las actividades de la Asamblea Nacional e insistió que Llori solo busca que para investigarla se cumpla con lo que establece la Constitución y la ley, es decir que primero se presente una denuncia en su contra.
