La Función Judicial no deja de ser objeto de críticas acervas a raíz de varias resoluciones de jueces y magistrados.
Primero fue la excarcelación, en tiempo récord, del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción a ocho años de cárcel.
La cuestionable resolución del “juez multicompetente” de Manglaralto, a donde acudieron los partidarios del condenado, fingiendo no saber dónde estaba recluido y con informes médicos, luego desmentidos por la realidad, sentó jurisprudencia.
Si no es así, cómo explicar la salida de Junior Roldán, según la Policía Nacional el segundo al mando de la organización criminal Los Choneros.
Sentenciado a 22 años de cárcel por asesinato, un juez falla a su favor permitiéndole beneficiarse del arresto domiciliario.
La Sala de lo Civil y Mercantil del Guayas aceptó parcialmente la acción de protección presentada por Alexander Quezada, miembro de la banda delictiva Los Lobos.
En estos tres casos, por citar algunos, los reos obtienen el habeas corpus y acciones de protección, si bien derechos constitucionales, pero, como lo han advertido respetables jurisconsultos, otorgados como si se tratara de “caramelos de navidad”.
Jueces de cualquier lado de la república, sin tener la especialidad para el caso, más otras consideraciones, a pretexto de ser “garantistas”, dan paso a esas acciones, poniendo en más riesgo la seguridad ciudadana y dando razones a los ladrones de los fondos públicos, cuyos acólitos celebran su excarcelación.
El país mal puede seguir en ese camino. El Estado de Derecho está al filo del abismo.
Ante tales apremios, el presidente Guillermo Lasso convoca para hoy a los titulares de la Corte Nacional de Justicia, de la Judicatura y la Fiscalía, a fin de encontrar soluciones y propuestas para frenar tales abusos.
De la reunión se prescinde a la Corte Constitucional cuyas resoluciones derivarían en la “feria de acciones de protección”, o resultan así por la antojadiza interpretación de los jueces.
