La Fiscalía del Azuay ha iniciado 63 procesos legales contra manifestantes que participaron en el paro nacional en esta provincia. Se los acusa de al menos cinco delitos.
Por ejemplo: de paralización de un servicio público; daño a bien ajeno; ataque o resistencia; secuestro e incluso de robo. Todas estas transgresiones implican penas de privación de libertad.
David Fajardo, abogado e integrante del colectivo Yasunidos Guapondélig, explicó que entre los procesados están siete transportistas que estuvieron en el cierre de la vía Cuenca – Molleturo – El Empalme, en la Y de Sayausí.
Entre los investigados también está Fredy Quilambaqui, presidente de la Comuna de Indígenas San Sebastián, del Sígsig. Todos ellos están acusados de supuesta paralización de un servicio público.
Este delito, de acuerdo con lo que establece el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se castiga con una pena de prisión de uno a tres años.
Otro de los procesados es Sebastián G., de Tarqui, a quien se lo inculpa de ataque o resistencia, que, según el artículo 283 del COIP, es castigado con una pena de seis meses a dos años de cárcel.
CONAIE
Mario Fárez, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en Azuay, advirtió que de seguir estos juicios esto pondría en riesgo las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional.
Considera que se trata de una persecución y criminalización de la protesta social, por lo que anunció que harán plantones en las afueras de las instituciones de justicia y del Ejecutivo en Cuenca.
Fárez igualmente indicó que el equipo jurídico de la CONAIE en Azuay ha solicitado información sobre la muerte de Marcelino Villa, de 38 años, ocurrida en Tarqui.
Su cadáver fue hallado la mañana del 22 de junio. Junto a él estaba un cartucho de gas lacrimógeno. Una autopsia reveló que la causa del fallecimiento fue una cirrosis hepática.
Los comuneros relacionan la muerte de Villa con el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno que hizo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para abrir el paso de la Panamericana Sur.
Investigado
Fredy Quilambaqui, que es uno de los procesados de Sígsig, explicó que todavía no ha sido notificado oficialmente sobre el inicio del proceso contra su persona.
Quilambaqui junto a decenas de manifestante durante el paro nacional se ubicaron en varios sectores de este cantón para protestar y respaldar las acciones de la CONAIE.
Detalló que su defensa se basará en los derechos colectivos y convenios internacionales que respaldan el derecho a la resistencia y a la protesta que tiene la población.
Extralimitación
Milton Solano, abogado y activista social, detalló que en Azuay también se ha abierto una indagación para investigar un caso de supuesta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
“No se pueden dar mayores detalles, pero se trata de una presunta agresión por parte de un miembro de la Policía Nacional contra un estudiante… Hay evidencias de eso con imágenes…”, manifestó.
Acotó: “también se debe investigar el accionar de la Policía Nacional para reprimir las protestas que se dieron en las afueras de la Universidad de Cuenca, las cosas deben quedar claras de lado y lado (…).
Indicó que la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio se sanciona, en base al artículo 293 del COIP, con una pena de prisión de 10 a 13 años.
Casos
Por otra parte, el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, de la Universidad de Cuenca, hizo un monitoreo sobre la represión estatal ocurrida durante los 18 días del paro.
A nivel nacional este grupo de investigación contabilizó 206 eventos, además de siete personas fallecidas y casos de lesiones oculares, heridas en cabezas, heridas por disparos, detenciones arbitrarias, entre otros.
En un mapa interactivo ha establecido 25 agresiones consideradas como extremas; 72 como muy graves; 79 como graves y 30 identificadas como moderadas.
3
procesos legales han sido abiertos en Cañar contra manifestantes que participaron en el último paro nacional.
10
personas en Morona Santiago son investigadas por ataque o resistencia, y paralización de un servicio público.
8
comuneros de la parroquia Tarqui fueron detenidos por la Policía Nacional durante el paro nacional.
25
agresiones extremas contabilizó la plataforma Kaleidos durante las manifestaciones por el paro nacional.
18
días duró el paro nacional en Ecuador. Este inició el 13 de junio y terminó el 30 de junio.
403
procesos ha abierto la Fiscalía General del Estado (FGE) a nivel nacional para investigar delitos en el paro nacional.
5
casos a nivel nacional son investigados por la Fiscalía General de Estado (FGE) por extralimitación en la ejecución de servicio.
Detalles
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Azuay denunció daños a su maquinaría durante el paro nacional en Cuenca.
El delito de paralización de un servicio público se castiga con una pena de privación de libertad de uno a tres años.
Cinco policías resultaron heridos en el intento de abrir la Panamericana Sur, en Tarqui, el 25 de junio.
El 27 de junio, durante el paro nacional, el edificio de la Gobernación de Azuay fue atacado a pedradas.
