Todos los días por los medios de comunicación en sus noticieros dan cuenta sobre el asesinato de ciudadanos ecuatorianos, en manos de Sicarios, pero lo que más alarma es que en la actualidad se habla de niños sicarios, lo que demuestra el grado de descomposición social al que hemos llegado, y el Gobierno por más esfuerzos que haga no logra controlar peor detener el crimen organizado, en suma algo está pasando que la delincuencia está ganando la batalla al propio estado ecuatoriano, por ello es necesario revisar estrategias y tácticas que se emplean o deben emplearse en este verdadero tormento que vivimos los ecuatorianos, quienes no nos sentimos seguros en ninguna parte, porque la muerte nos puede sorprender a la vuelta de la esquina. Los motivos son diversos que se usan para arrebatarles la vida a otros seres humanos, entre ellos la disputa de zonas o territorios por el negocio del micro y narcotráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, el asalto en las calles y domicilios para sustraerse bienes que les permitan subsistir, el desempleo, la miseria y la extrema pobreza en la que se debaten la mayoría de nuestros compatriotas. Lo más usual es la pistola o revólver, para ejecutar por pago, venganza u obedeciendo órdenes de organizaciones criminales, y de bandas delincuenciales o por ajustes de cuentas, lo que nos ubica en un nivel de inseguridad, porque nadie está libre en ciudades, cantones, parroquias y hasta caseríos, ésta situación obligó al Presidente Lasso, a decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional, los militares salieron de sus cuarteles, para combinarse con la policía nacional y patrullar calles y plazas, pero aquello no ha dado mayores frutos, como para garantizar la seguridad social y personal de propios y extraños. Esto no se resuelve con estados de excepción o con sacar a los militares de sus cuarteles, el problema es más de fondo, tiene aristas alimentadas por la delincuencia, la pobreza y el narcotráfico, pues que, según las últimas estadísticas, hay 5,2 millones de personas viviendo en la pobreza y pobreza extrema de una población de 17 millones, allí radica el meollo del asunto. Empero, no se quiere aceptar que la descomposición moral y económica responde a un cambio de estructuras, leyes y sistemas que solo pueden equilibrase con cambiar la Constitución, las leyes y reglamentos de nuestro país, erradicando la tabla permisible para el tráfico y uso de estupefacientes. Se debe con urgencia establecer, políticas públicas con reformas al sistema judicial y fiscal y actuar con mayor celeridad, para evitar más muertes innecesarias de ciudadanos inocentes, mujeres embarazadas y hasta niños de corta edad. (O)
