¡Institucionalidad a la deriva!

Marco Salamea Córdova

A más de los problemas económicos y sociales, y de los problemas de inseguridad y corrupción, otro problema crítico que ha venido agudizándose en Ecuador en los últimos años es la crisis de la institucionalidad estatal.

Durante el Gobierno de Correa el control, por parte de este, de los otros órganos del poder estatal, había puesto en entredicho la vigencia de una plena institucionalidad democrática. Si bien el fin del Gobierno de Correa auguraba un restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática del país, sin embargo, lo que ha ido ocurriendo más vale es un proceso de creciente desinstitucionalización del Estado, amén de la réplica de algunas prácticas políticas que antes se criticaban.

La última prueba de esta situación se expresa precisamente en los hechos dados en torno a la designación del nuevo Superintendente de Bancos, realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; una designación cuestionada por el Gobierno a pesar de que la terna, para este efecto, fue enviada a dicho Consejo por el propio presidente Lasso. De aquí la situación se complicaría al evidenciarse la presión de un consejero presidencial y al forzar una nueva intromisión de ciertos jueces en la política, una jueza cuestionada anulando la designación y otro juez ordenando la posesión del designado, una apelación a la anulación y, finalmente, la Asamblea posesionando al Superintendente designado.

Lo más preocupante de este caso, desde el punto de vista democrático, sería la orden del Gobierno para que un contingente policial rodee el edifico de la Superintendencia, tal como hizo hace meses con el edificio del Consejo de Participación Ciudadana, atribuyéndose facultades que constitucionalmente no las tiene; una situación que nos recuerda aquella medida autoritaria del Presidente Febres Cordero, cuando ordenó rodear con la fuerza pública el edificio de la Corte Suprema de Justicia.

El país asiste, entonces, otra vez a la intromisión de unos poderes del Estado sobre otros, a un nuevo proceso de politización de la justicia, pero también de judicialización de la política. Y esto ocurre en un contexto en el que casos de corrupción, como el que se daría en las Aduanas, empiezan a empañar más la imagen del Gobierno. (O)