Todos los caminos apuntan a la intención de tomarse el control de la Función Judicial cuya independencia, como ha sucedido siempre, es minada y cooptada por el poder político
Aquel objetivo es el mismo, respecto de querer manejar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la Judicatura.
Según los últimos acontecimientos, algunas agrupaciones políticas, identificadas por la mayoría de ecuatorianos, ni siquiera esconden sus apariencias con tal conseguir el manejo de aquellas entidades, claves dentro de la institucionalidad del país.
Según denuncias periodísticas, no se entienden las razones por las cuales, de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia para la designación del presidente de la Judicatura, quien la preside es partidaria del Gobierno en cuya gestión la Justicia fue cooptada.
Para quien dirige, por ahora, la Judicatura, durante aquel Gobierno, esta institución designó al 95 % de los jueces, actualmente en funciones.
La segunda de la terna es afín a otro partido político, de cuyo historial forma parte su empeño por mangonear la Justicia y otros organismos de control.
Sus respectivos bloques legislativos empujan un juicio político en contra de tres vocales de la Judicatura. Su desenlace está por verse, si bien podría volvérseles un búmeran.
Quien controla la Judicatura tiene bajo su paraguas a la administración de Justicia. Tal parece ser la conclusión.
Del entramado también forma parte el Cpccs. Es clave. Pues elige contralor, fiscal, procurador, superintendentes y a vocales de la Judicatura.
Cuatro de sus actuales miembros quieren reelegirse. Sus vinculaciones partidistas son visibles. Esta vez los elegirá el pueblo.
Aquellas mismas fuerzas políticas promueven un juicio político contra varios de ellos.
No nombran aún al nuevo contralor; pero aquellos sectores, y hasta el propio Gobierno, querrían esperar los resultados de las elecciones.
Tienen, pues, sus propios candidatos, si bien la ley les prohíbe pertenecer a un partido o movimiento; pero esto es solo un decir.
