En América Latina desde el 2015 al 2020 más de mil personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, en el mismo periodo, en Colombia asesinaron a 69 líderes indígenas y a 49 mujeres defensoras de derechos. A nivel global, el 69% de los asesinatos ocurrieron en contextos de defensa de derechos territoriales, la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas.
La Alianza de Organizaciones por los DDHH registra en los últimos 10 años 499 vulneraciones de derechos a defensores. En el país las personas defensoras de derechos no tienen un entorno seguro, especialmente indígenas y afrodescendientes, quienes reciben ataques y amenazas, situación que se agrava cuando hablamos de mujeres.
Nema Grefa, lideresa indígena de la nacionalidad Sápara, recibe amenazas de muerte desde el 2018 por defender su territorio de la explotación petrolera. En el 2021, Andrés Durazno, defensor del agua, fue asesinado en la comuna de Rio Blanco, Molleturo.
Esta semana Alba Bermeo, quien defendía su comunidad del extractivismo minero en Molleturo, fue asesinada con un tiro, ella estaba embarazada, denunció las amenazas de muerte que recibía y el Estado no la protegió.
Defender los derechos es un trabajo de alto riesgo, en Ecuador no existe una política que garantice nuestra vida e integridad. (O)
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