«Correa jamás pactó con mafias del narcotráfico», según sus abogados

El expresidente de Ecuador Rafael Correa habla durante una entrevista con Efe el 18 de enero de 2021, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

El equipo internacional de abogados que lleva la defensa legal del expresidente de Ecuador Rafael Correa aseguró este miércoles que ni el exmandatario ni su Gobierno pactaron con las mafias del narcotráfico, como insinuó hace pocos días el actual presidente, Guillermo Lasso, sin mencionar nombres.

En un comunicado del despacho belga de abogados Ius Cogens, el coordinador de la defensa internacional del exgobernante, Christophe Marchand, afirmó que «Rafael Correa no tiene ninguna vinculación con el narcotráfico», y señaló que las declaraciones de Lasso son una muestra del «lawfare» del que consideran que es víctima su cliente.

De acuerdo con medios locales de Ecuador, Lasso aseveró en un chat privado que los “padrinos de las mafias del narcotráfico son los narcopolíticos, quienes reaccionan en su defensa, tratando de desestabilizar la democracia para intentar volver al poder político y seguir ganando dinero de la corrupción y el tráfico ilegal de drogas”.

Este mensaje se dio en el contexto de una serie de atentados perpetrados presuntamente por bandas del crimen organizado ligadas al narcotráfico en varias ciudades del país, lo que según Lasso es una respuesta a la incautación de drogas, que supera las 300 toneladas desde su llegada al poder en mayo de 2021.

«ACUSACIÓN INFUNDADA» CONTRA CORREA

Para el equipo legal del expresidente, «este mensaje, que fue replicado en diversos medios de comunicación, es una acusación a Rafael Correa y opositores de la Revolución Ciudadana», el partido que tiene como líder al exgobernante y cuyo movimiento es la mayor fuerza de oposición en la Asamblea Nacional (Parlamento).

«Esta acusación infundada forma parte de un movimiento más amplio para intentar vincular a Rafael Correa con el narcotráfico y culparle de las políticas de sus sucesores que han conducido al desastre actual» que soporta el país, se indició en el comunicado.

«El objetivo del Gobierno es desviar la atención de la ciudadanía, para no responder a su obligación positiva de garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos, a la par que ahonda en una campaña de desprestigio contra el expresidente», agregaron los abogados de Correa.

En ese sentido, Marchand recordó que «lamentablemente no es la primera vez que difunden falsos rumores y acusaciones en torno a su figura, sin aportar ninguna prueba, para evitar los verdaderos asuntos que son las innumerables masacres en las cárceles y la dramática situación de inseguridad que vive hoy el Ecuador».

«Esto es una nueva forma de ‘lawfare’”, reiteró Marchand.

Según el equipo legal de Correa, en seis años y medio -de los diez que estuvo como presidente- se decomisó la misma cantidad de drogas que en los diecinueve años anteriores, mientras que las muertes violentas han aumentado desde que dejó la Presidencia en 2017.

DENUNCIAN MANIPULACIÓN INFORMATIVA

Así, el equipo legal del expresidente denunció una «estrategia de manipulación informativa» que «ha sido una constante desde hace meses y que se intensifica cada vez que el Gobierno se enfrenta a un problema social o de seguridad».

Como ejemplo rechazaron que, para ilustrar la reciente masacre en la cárcel de Cotopaxi, donde fueron asesinados 16 presos, varios medios publicasen una antigua foto de Correa con Leandro Norero, una de las víctimas de la matanza, quien estaba acusado liderar una banda de narcotráfico.

«La foto fue tomada hace casi diez años en el marco de un programa de pacificación», indicaron los abogados, quienes recordaron que «este individuo, entrevistado antes de su asesinato, había declarado presiones para dañar a Jorge Glas» (exvicepresidente de Correa).

Correa, quien gobernó Ecuador de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, Anne Malherbe, cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación en su contra.

Desde 2020 está condenado de manera firme e irrevocable a ocho años de cárcel por el caso «Sobornos 2012-2016», una trama de financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País con aportes indebidos de empresas como la brasileña Odebrecht, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado.

La Justicia de Ecuador ha solicitado la extradición de Correa a Bélgica, pero el exgobernante, que siempre ha negado las acusaciones de corrupción y ha aducido una persecución política en su contra, afirma tener la condición de refugiado por parte de las autoridades belgas. EFE