Ecocidio

Ana Abad R.

Mientras los gobiernos en América Latina –sin importar su tendencia ideológica– apuestan y perfeccionan políticas extractivistas bajo el pretexto de “buscar desarrollo” para sus pueblos, los riesgos se incrementan para los defensores de la naturaleza a pesar de la existencia de instrumentos internacionales como, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú que entró en vigencia en el 2020. El asesinato del líder indígena Eduardo Mendua de nacionalidad cofán y la impunidad en otros casos no resueltos –Andrés Durazno, Freddy Taish y José Tendetza– profundiza la sensible situación social y política que vivimos en el país. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador se han documentado en el país 22 casos emblemáticos, de los cuales 18 están relacionados con industrias extractivas y con el sector energético; sus víctimas directas son los pueblos y nacionalidades indígenas, las poblaciones afrodescendientes y las mujeres. Si a esto sumamos la seguridad y apoyo que brindan los gobiernos de turno a las empresas mineras y el continuo irrespeto a las decisiones tomadas en las varias consultas populares que han dicho: ¡No a la minería!, se está perfilando, sin duda, un claro ecocidio en el país más megadiverso de la región.  (O)