Las medidas cautelares otorgadas por los jueces a presuntos extorsionadores bajo la modalidad de “vacunas”, más un crimen al estilo sicariato ocurrido en Cuenca en estos últimos días, son palpables muestras de la inseguridad jurídica en el primer caso; y del alcance del delito en la otrora ciudad considerada como “isla de paz”.
Los ciudadanos “de a pie” no atinan a entender cómo quienes los tienen en diaria zozobra, exigiéndolos altas sumas de dinero a cambio de “darles seguridad” y no atentar contra sus vidas, de alguna manera son favorecidos con recursos legales cuya aplicación está a merced, o del analfabetismo jurídico de ciertos jueces, de la discrecionalidad, de potenciales fallas de los fiscales, o váyase a saber las razones de fondo.
Tiene razón la Policía Nacional, aún el mismo gobierno, ni se diga la ciudadanía en general, en molestarse y, por lo tanto, exigir al órgano administrativo de la Justicia las sanciones para esos jueces.
Según versiones de la Policía, un trabajo de largo alcance le permitió desarticular, en Quito, a una banda integrada por trece supuestos delincuentes, involucrados en delitos como tenencia y porte ilegal de armas de fuego, receptación, secuestro y extorsión al estilo “vacunas”.
Pese a mostrar pruebas como un vehículo reportado como robado, armas de fuego, cartuchos y celulares, los jueces les concedieron medidas cautelares y quedaron en libertad.
Quienes viven bajo amenaza de los “vacunadores”, un delito extendido en casi todo el país, no aceptarán las posibles justificaciones de jueces permisivos; al contrario, se sienten indignados y desprotegidos.
En el caso de Cuenca, en pocos días ocurren cuatro muertes violentas, entre ellas las de dos mujeres. Un caso estaría relacionado al sicariato. Sobre los otros tres, las investigaciones lo determinarán.
Son claras señales de la violencia e inseguridad cuyo combate merece el concurso de todos, empezando por las autoridades.
