Parte de la alicaída economía del Ecuador está a flote gracias al flujo de remesas llegadas desde el exterior, en especial de los Estados Unidos.
Cientos de miles de ecuatorianos, la mayoría sin los documentos exigidos por el país receptor de migrantes, optaron por salir y, jugándose la vida, endeudándose y abandonando a sus familias, buscar mejores días desde el punto de vista económico.
Tras la ola migratoria como consecuencia del feriado bancario, sobrevino otra a causa de la pandemia por el Covid-19, ahondada por el agravamiento de la crisis económica y sus múltiples coletazos, y ahora por falta de seguridad.
Es justo decirlo: esa especie de bonanza económica descansa también en el dolor de centenares de familias cuyos miembros murieron y mueren en el intento de llegar a los Estados Unidos; o no lo consiguieron, regresaron, pero quedaron endeudados, muchos sin casa ni otros bienes, porque los prendaron.
De acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE), durante 2022 las remesas llegaron a un techo récord: USD 4.743 millones. Significa un crecimiento del 8,73% respecto al 2021; representa el 4,09 % del Producto Interno Bruto de 2022, y es la séptima parte del presupuesto total del Estado.
Nadie lo discute: las remesas tienen un enorme peso en la economía del país. Si no fuera por ellas, quizás peor fuera la crisis económica y más se profundizarían los problemas sociales.
Para azuayos y cañarenses, ese flujo económico es vital sino el único. Actividades como el comercio, la construcción en especial, el turismo, se apalancan en él, sin perder de vista el sostenimiento familiar y su consumo implícito.
Según analistas, la cifra de las remesas supera a la inversión extranjera directa, tan escasa en el Ecuador pese a los esfuerzos del gobierno por alentar a los inversionistas. Y ahora mucho más esquivas dada la crisis política, de inseguridad, el aumento del “riesgo país” y el futuro incierto.
