El Estado ecuatoriano admite su culpa 
en el caso Paola Guzmán

La Corte IDH trató ayer el caso de Paola Guzmán Albarracín, quien se habría suicidado a sus 16 años de edad en el 2002 tras haber sido violada por un directivo del colegio en el que estudiaba. Cortesía
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“!Quiero que el Estado ecuatoriano responda y haga justicia; quiero que repare el nombre de mi hija; no quiero que otras niñas pasen lo que pasó mi hija. Que paren el abuso!”  Este fue uno de los pedidos que planteó, indignada, en la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, la adolescente de 16 años quien el 12  diciembre de 2002 se suicidó tras sufrir abusos sexuales a manos de una autoridad de su colegio.

Frente a los jueces de la Corte, relató que desde que tenía 14 años, Paola fue acosada sexualmente por Bolívar Espín, vicerrector del Colegio Miguel Martínez Serrano, de Guayaquil, y por el médico del mismo centro educativo.

“Todos sabían del abuso de mi hija; profesores, autoridades, estudiantes pero nadie me dijo nada. Lo que el vicerrector hizo fue manipulación, él tenía casi 60 años y ella solo 16. Paola nunca recibió atención médica para salvar su vida. La investigación en lo penal, y los procesos civil y administrativo no fueron diligentes”, denunció Petita, en la sede de la Corte, en Costa Rica.

Paola tomó fósforo blanco para suicidarse tras sufrir abusos a cambio de obtener ayuda en sus notas escolares. Después de dos años quedó embarazada y Espín la obligó a abortar, según el relato de los hechos presentado por la Corte. El médico del colegio solo accedió a practicarle el aborto a cambio de favores sexuales, agregó el recuento. 

«Intentando buscar justicia, hice todo lo posible, fui a la Fiscalía, hubo mucha humillación, no me atendían, botaban los papeles», se quejó Petita Albarracín, entre lágrimas.

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El Estado ecuatoriano, a través de María Fernanda Álvarez, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado (PGE),   reconoció la responsabilidad del país y ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima por “todas las falencias del Estado”.

Los jueces de la Corte concluyeron que el caso se encuentra en la impunidad  desde 2002, y sentenciaron que la adolescente fue víctima de grave violencia de género cometida por agentes estatales lo que provocó su suicidio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió el caso a la CorteIDH en 2019 y es el primero en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre acoso y abuso sexual como una forma de violencia en el ámbito educativo.

Para la socióloga Maritza Espinoza, los centros educativos deben ser lugares de protección, y ante la mínima sospecha de abuso, todos los estamentos deben encender las alarmas y actuar para evitar que se vuelvan a producir. En estos establecimientos también se debe enseñar a los alumnos a cuidar sus cuerpos y hacer respetar sus derechos, dijo Espinoza. (SCC)-(I)