814 privados de libertad serían posibles beneficiarios de las medidas cautelares

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Unos 814 detenidos que permanecen en las diversas cárceles del país serían posibles beneficiarios de medidas cautelares alternativas (grillete electrónico) a la prisión preventiva. solicitadas por la Corte Nacional de Justicia.

Esto, después de que se confirmó un primer caso de Covid 19 en el centro de El Inca (norte de Quito), como consecuencia de las condiciones generales del sistema carcelario.

De ellos,  330 permanecen detenidos por haber cometido alguna  contravención,  y 484 por apremio (boletas de alimentos, etc),  según  informó el Servicio  Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

La Cidh y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecen que en casos de personas en situación de riesgo en el contexto de la pandemia, así como las personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros, se debe evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión.

A estas disposiciones internacionales apelaron los reos del CRS de El Inca.

En un video de cuatro minutos que circuló en redes sociales se escucha a internos, nacionales y extranjeros,  “suplicar” al presidente Lenín Moreno; a María Paula Romo,  ministra del Interior; y a Diana Salazar, fiscal general, les otorguen medidas alternativas por no tener sentencia ejecutoriada.

Utilizando guantes y  mascarillas,  y mostrando carteles  con mensajes “!Nos están condenado a muerte!”,  “!los barrotes no detienen el virus!”,  y “!auxilio!”,  los internos exigen  ser liberados.

Uno de los voceros advirtió que son varios casos confirmados de Covid-19 al interior de ese centro penitenciario.

Edmundo Moncayo, director de la SNAI, confirmó que el servidor público presentó  síntomas y fue asilado el 9 de abril. Dejó de asistir al centro para evitar contagios con el resto de personal y los internos. Aseguró que también se han recibido alertas de contagios en  otros CRS  del país, pero que actuarán de acuerdo a un protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública.  (SCC)-(I)