Entre la presión social y la necesidad sanitaria se movió la decisión de los municipios, para ir esta semana del aislamiento al distanciamiento comunitario a causa de la pandemia. Conceptúo eso sí que muchos salen a las calles, plazas, mercados, ventas ambulantes, no por transgredir disposiciones sino solventar urgencias vitales, arriesgando inclusive la integridad personal y de los suyos. Fácil es pedir “quédate en casa” cuando se tiene un sueldo, reservas acumuladas o capacidad de endeudamiento, no así el 46% de ecuatorianos que viven al día, con empleos esporádicos o actividades informales. Solo en Guayas durante el confinamiento se ha dejado de vender 2.700 millones de dólares, según la Cámara de Comercio local.
He aquí el dilema para los GADs cantonales. “Resulta indispensable ampliar la toma de pruebas que eviten más contagios y medir la capacidad hospitalaria”, argumentan alcalde y concejales cuencanos. Jamás alcanzaremos esto, pues las enfermedades rebasan aquí y mucho más en conglomerados pequeños, las posibilidades de atención sanitaria, por lo cual el pueblo se plantea el dilema “hambre segura o probable contagio”. Al extender un mes más las restricciones, superarán las 500.000 plazas de trabajo perdidas, calculan los sectores productivos, en tanto el déficit fiscal alcanzaría siete mil millones de dólares.
A nivel personal y familiar, además de los gastos cotidianos las deudas no se condonan sino postergan, debiendo solventarlas apenas retorne la normalidad. Para entonces muchos habrán perdido parcial o totalmente su capacidad adquisitiva; crecerá la migración que otrora despobló el campo y destrozó hogares.
Estas son realidades que deben pesar sobre la decisión de los 221 cabildos, también responsables de superar la crisis actual y sus consecuencias posteriores.
