EDITORIAL|
La Fiscal General acaba de pedir que se suprima la Secretaría Anticorrupción por interferir en las labores que desarrolla la Fiscalía y entorpecer los procesos. Se suman a ese pedido otros organismos. Se viene pidiendo desde hace un buen tiempo la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ninguno de los casos tan escandalosos de corrupción denunciados en los últimos años ni los producidos recientemente en torno de la adquisición de medicamentos, fueron denunciados por ninguno de esos organismos burocráticos, que nacieron supuestamente para luchar contra la corrupción. Los montos gigantescos que se llevaron a través de la corrupción en el anterior gobierno son pruebas irrefutables de lo inservibles que fueron esos organismos.
Inventaron organismos con el fin de dar empleo a quienes trabajaron en la campaña electoral que llevó al poder a los gobernantes. Hay numerosos casos en que se crean dependencias encargadas de encubrir acciones que podían desprestigiar al régimen. El Consejo de Participación Ciudadana suplantó al poder legislativo y sirvió para nombrar a autoridades de control que antes eran designadas por el Congreso. Fiscal, Contralor, pasaron ser nombradas por este nuevo organismo integrado por gente cercana en unos casos y sumida en otros al régimen.
Ese y otros organismos que tenían supuestamente como fin luchar contra la corrupción, posibilitaron que se dé la más grande corrupción de la historia republicana. Ninguno de los casos que hoy indignan al país fueron conocidos ni denunciados por esas dependencias. La Asamblea Legislativa renunció igualmente a fiscalizar a través de una mayoría gobiernista. El resultado de la confluencia de todos esos factores generó la descomposición que hoy el país lamenta y que en menor escala sigue presente como lo muestran los hechos de corrupción recientes en el campo de la salud.
