Tres miembros del Consejo Electoral consideran que planteamiento de Pablo Celi es intromisión en el proceso eleccionario.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, y los vocales Esthela Acero y José Cabrera cuya destitución fue pedida por la Contraloría.
“Los consejeros del CNE no hemos sido destituidos”, comenzó por señalar Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien advirtió con iniciar un proceso para pedir la salida del contralor general Pablo Celi, si es que este insiste en su decisión de multar y separar del cargo quien dirige el organismo electoral y a los consejeros Esthela Acero y José Cabrera.
“La intromisión de un proceso electoral en marcha pasa a ser, según el Código de la Democracia, una infracción gravísima, que tiene sus sanciones. Nosotros no descartamos esa posibilidad”, dijo Atamaint, quien no descartó solicitar la destitución de Celi ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La acusación de Atamaint se basa en la última reforma al Código de la Democracia, que establece que los miembros del CNE no podrán ser juzgados, exceptuando los casos penales, a partir de que se declare el inicio del período electoral, que se lo hizo el pasado 14 de abril. Y hacerlo podría ser considerado como una interferencia a la organización de las elecciones.
La autoridad o funcionario que incurra en esta falta considerada “muy grave” podrá ser sancionado de acuerdo con el artículo 279 de la ley electoral, que establece la destitución, multa de hasta 70 salarios básicos unificados y suspensión de los derechos de participación por hasta dos años.
El conflicto de los tres consejeros con el contralor Celi inició en agosto del 2019, cuando el ente de control emitió un informe en el que determinó irregularidades en la entrega de firmas para la inscripción de los movimientos Fuerza Compromiso Social, utilizado por el correísmo en las últimas elecciones seccionales; Libertad es Pueblo, de Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno; Podemos, movimiento de Paúl Carrasco, exprefecto del Azuay; y Justicia Social, por el que fue candidato a prefecto del Guayas Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, procesada por el caso Sobornos 2014-2016.
Pablo Celi recomendó que el CNE revise estos registros, pero los miembros del organismo electoral, en sesiones de enero y febrero del 2020 y con los votos de Atamaint, Cabrera y Acero, decidieron mantener el derecho de inscripción de estos movimientos: pues no encontraron “causal legal, para eliminar la personería jurídica” de una organización política que fue aprobada por un anterior pleno (presidido por Nubia Villacís) y cuya decisión se encuentra en firme. “Es cosa juzgada”, dijo Atamaint en su última intervención.
Ante la negativa de acatar lo resuelto por la Contraloría, Pablo Celi emitió un nuevo informe en el que advierte, por última vez, que destituirá y multará a los tres miembros del CNE.
En 30 días destinados para la presentación de pruebas, se conocerá la y la réplica de los tres consejeros del CNE. (ASM)-(I).
Validación de irregularidades│
Para Jorge Acosta, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), la decisión del contralor Pablo Celi violenta la inmunidad de los consejeros en período electoral, por lo que debería ser destituido inmediatamente.
“Además, está invadiendo sus atribuciones. Solo el CNE puede aprobar o negar la inscripción de movimientos. Si se le permite esto a la Contraloría, dentro de poco la veremos desechando sentencias”, dijo el experto.
Medardo Oleas, exvicepresidente del TSE, no niega la potestad legal del CNE para destituir a Celi, pero señaló que un acto así afectará, aún más, la credibilidad del organismo electoral. “Si estos movimientos fueron inscritos con firmas irregulares y el CNE decide mantenerlos, está validando la corrupción y la impunidad”, dijo. (I).
