OPINIÓN|
Los carnés de discapacidad se convirtieron en el último negociado descubierto en esta semana. Quienes querían, podían adquirirlo pagando una suma “módica” de 1.300 dólares, con lo cual accedían al paraíso para alcanzar sus sueños. Vehículos de alta gama, normalmente de un precio de $ 70.000 dólares o más en el mercado, podía comprarse con $25.000.
La acuciosidad de la prensa libre, llevó a indagar a profundidad algo que parecía extraño. ¿Cómo con tan poco dinero se podía adquirir semejantes “naves”? La respuesta obvia, estaba en la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas; más de 4.000 vehículos importados por personas con discapacidad de todo tipo. Trámites sencillos, un valor “cómodo” en el país de origen, con pocos impuestos a pagar explicados en una tabla que exonera hasta 120 SBU, la posibilidad de obtener un vehículo nuevo o de hasta 3 años atrás a la fecha de la importación, usarlo por 4 años, comercializarlo y luego traer otro bajo el mismo sistema.
Una lista con personajes públicos, tales como jueces, políticos, faranduleros -incluidos los de la avioneta- y personas de “no creer” compraron el carné a una red de corruptos que cometieron sus fechorías desde la vigencia de la Ley de Discapacidades (2012), formados presuntamente, primero en el CONADIS y luego en los interiores del Ministerio de Salud. Sólo en la pandemia se emitieron 3.000 carnés, y con esta denuncia del ministro Zevallos, confirmar el aprovechamiento de la crisis sanitaria por un grupo de miserables que deben ir a la cárcel.
Mientras muchos ecuatorianos honestos necesitan apoyo y libran una dura lucha para ser considerados en un plan de ayuda por su real discapacidad, quienes consiguieron carnés falsos o los utilizaron mal, han robado los sagrados recursos públicos, y por eso la Aduana debería iniciar una investigación a través del “control posterior” figura permitida en la ley, con la cual aspiraríamos que quienes tengan vehículos mal habidos, paguen los impuestos, con intereses y multas, y sean sancionados con todo el rigor de la ley. (O)
