EDITORIAL|
Las autoridades correspondientes no pueden ni deben proceder a la suspensión de los trámites para que las personas que tienen discapacidades obtengan el carnet que les permita acceder a los derechos que las normas contemplan. Una cosa es que se inicie y se desarrolle en forma ágil una investigación a fondo para detectar las serias irregularidades que se han denunciado y otra cosa muy diferente es que por causa de la corrupción de unos pocos se afecte los derechos de quienes necesitan ese documento para mejorar en algo sus condiciones de vida. Lo correcto más bien sería dinamizar los trámites de manera que los que realmente necesitan y esperan años para acceder a ese derecho, tengan resultados lo más pronto posible.
Con motivo del escándalo generado por los innumerables casos de corrupción en el otorgamiento de un carnet se ha podido conocer también la tragedia de miles de compatriotas que al no tener influencias ni recomendaciones han debido esperar en algunos casos hasta diez años para alcanzar ese documento. Indigna que mientras eso ocurre haya casos como el del principal implicado en el negociado con medicinas en los hospitales del IESS. Ahora se conoce sacaron, tanto el cómo su compinche, en un sólo día y en forma fraudulenta el carnet que les permitía importar carros de lujo sin pagar impuestos o deducir drásticamente el impuesto a la renta.
Pero, porque existan casos de corrupción al amparo de presiones políticas, no puede tampoco tolerarse que se corten los procesos legales para que accedan al carnet los que realmente tienen derecho y necesitan de ese documento. Lo correcto es que se corrijan errores, se retire el carnet a los que lo alcanzaron fraudulentamente, se castigue tanto a los que lo consiguieron ilegalmente, como a las que les concedieron y se ponga candados para impedir que en el futuro se repitan esos casos. El gobierno tiene la posibilidad de rectificar y debe hacerlo en forma urgente.
