Este 17 de julio, Andrea Sotomayor, Secretaria del Deporte, firmó el Acuerdo Ministerial No. 0378, mediante el cual se emite directrices para la optimización del recurso público asignado a organizaciones deportivas en virtud del impacto social y económico como consecuencia de la emergencia sanitaria.
En el artículo 1 de dicho documento se destaca que “las presentes directrices son de cumplimiento obligatorio para las organizaciones que administren recursos públicos”.
Mientras, el Artículo 2, se refiere a la “optimización del recurso asignado para gastos del personal bajo relación de dependencia de organizaciones deportivas”.
La parte medular indica que “por el período de seis meses renovables, contados a partir del mes de agosto de 2020, limitar el recurso público asignado a gastos de personal en relación de dependencia de las organizaciones deportivas, a fin de cubrir únicamente los valores que se deriven de una jornada laboral de mínimo 4 horas hasta un máximo de 6 horas diarias. Esto considerando la alternativa que la “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario” ofrece a las entidades de derecho privado para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria…misma que permite a las organizaciones deportivas realizar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Trabajo para aplicar una reducción emergente de la jornada de trabajo”, y como consecuencia la disminución de las remuneraciones actuales en los colaboradores de las federaciones.
Además, se añade que “…la transferencia de recursos por parte de la Secretaría del Deporte a favor de las organizaciones deportivas se realizará conforme la programación establecida en cada Plan Operativo Anual vigente, sin embargo, dichos organismos no podrán utilizar el valor resultante de la diferencia entre el presupuesto planificado y lo correspondiente a la emergente jornada de trabajo reducida, constituyendo dicho valor en un remanente para el siguiente ejercicio fiscal”.
Este Acuerdo se da a conocer después de registrarse varias manifestaciones pacíficas en distintas ciudades del país por parte de empleados y trabajadores de diferentes federaciones provinciales que se encuentran impagos cerca de cuatro meses. (JMB) (D)
